La balada por esos nuevos enemigos bajitos

Año 3. Edición número 14

Para construir un nuevo culpable al que achacarle todos los males sociales, los medios simplifican al máximo las tramas detrás de cada crimen resonante.

Como hace un mes fueron los inmigrantes y mucho antes los cuidacoches, el enemigo público número uno del momento son los llamados menores de edad: los niños. Conviene llamarlos así, como corresponde a toda persona que no cumplió los dieciocho años, para recordar de qué se está hablando. Esta vez, el linchamiento mediático de niños se desató luego del crimen sin dudas aberrante de Fabián Esquibel, asesinado delante de su hijo de once años. Esquibel se resistió a que lo asaltaran en su casa en Tolosa, y durante el forcejeo, uno de los ladrones le disparó con una 9 milímetros en la cabeza. El único detenido fue un adolescente de quince años, habitante de una villa de la zona e hijo de un hombre condenado por otro crimen. La policía encontró en su poder parte del botín y la 9 mm con la que en teoría ejecutó a la víctima. Quizá no sea casualidad que se trate del mismo tipo de arma de guerra que se utilizó en otros casos que desataron la furia mediática contra los niños en conflicto con la ley penal.
En abril de 2009, el asesinato del camionero Daniel Capristo desató una campaña en los medios para pedir la baja de la edad de imputabilidad. El acusado por el crimen, un adolescente de catorce años, le disparó a Capristo casi una decena de balas con una pistola 9 milímetros porque la víctima se resistió a entregarle su auto. Miradas al Sur contó cómo el niño que cometió el crimen era en realidad un peón dentro del esquema de robos de autos en la zona, una red digitada por adultos en la que participaban policías en actividad.
Algo similar pasó con el ingeniero Ricardo Barrenechea, asesinado durante un asalto en su casa en octubre de 2008. En ese caso los adolescentes que fueron detenidos develaron que eran la mano de obra de una mafia policial que reclutaba adolescentes en La Matanza para ir a robar casas en San Isidro. “La policía nos tiene con un arma en la cabeza”, dijo sin saber que lo estaban grabando Kitu, uno de los principales acusados del crimen. Varios testigos también describieron cómo la policía garantizaba el transporte y la logística necesaria para los asaltos.
Pero si algún caso dejó claro el rol de los mayores en los crímenes cometidos por niños, ese fue el caso de Santiago Urbani, asesinado de un tiro en la sien el 10 de octubre de 2009. Por su homicidio fueron encontrados culpables dos adolescentes, pero el tribunal decidió aplazar las condenas hasta que cumplieran 18 años. El fallo generó polémica e incluso se amenazó con pedir un juicio político contra los magistrados, que no hicieron más que respetar garantías constitucionales.

La clave del caso quedó relegada frente a esa furia mediática contra los jueces. Varios de los testimonios que se escucharon durante el debate oral hablaron del cuarto hombre que había participado del asalto, un soplón policial de 43 años llamado Oscar Alberto Pérez Graham. Especializado en el robo de autos, Pérez Graham solía jactarse de conseguir zonas liberadas en la zona norte del conurbano, gracias a su amistad con varios comisarios.

En los últimos tiempos había sumado a esas especialidades la de reclutador de adolescentes. “Un señor pelado les dijo a los pibes si querían ir a robar; ellos no querían ir, pero él se los llevó a tomar droga y no volvieron más”, señaló un testigo durante el juicio, en el que también se supo que en la noche en la que Urbani fue asesinado, el propio Pérez Graham llevó a los adolescentes hasta Tigre. Pero mientras los jóvenes cayeron presos, él siguió con su vida normal.

El 20 de octubre de 2009 fue detenido por efectivos de la comisaría de Garín y enseguida fue liberado, aunque sus captores sabían que era buscado por el caso Urbani. Desde entonces vivió en la zona de Escobar sin tomar mayores recaudos. Recién fue detenido cuando luego del juicio su nombre quedó en el centro de la escena.

Para convertir a los niños en depositarios de todo mal social, hace falta limar esas tramas complejas hasta convertirlas en titulares simplistas e incluso falsear la información. La Nación publicó el miércoles pasado un artículo titulado “Menores cometen el 15% de los crímenes”. Para el diario, ese dato justificaría la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Pero la información no es cierta. Más allá del título engañoso –la estadística se refiere a los asesinatos en particular y no a los crímenes en general–, el porcentaje tampoco es real. Los números que citó La Naciónson los que publica la Procuración de la Suprema Corte Bonaerense para el primer semestre de 2010. Allí se informa que se abrieron 87 causas contra menores de 18 años sospechados de asesinato y que lo mismo se hizo con 564 adultos. En otras palabras, sobre 651 investigados por asesinato, 87 son adolescentes. La cuenta es sencilla: el 13% de los acusados son menores de 18 años. Un 2% menos de lo que dice La Nación.
El porcentaje que maneja la provincia es igual al que publicó la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia para todo el país para 2009. Ninguno de los dos informes señala cuántos de esos menores tenían menos de 16 años al momento de ser acusados. Al menos en el caso de la Dirección de Política Criminal, esto tiene una razón sencilla. Si un menor de 16 años comete un crimen, al no ser punible no se lo considera en la estadística. Esa podría ser la segunda mentira de La Nación: usar los datos de mayores de 16 años para decir que hay que condenar a los menores de 16. La verdad es que el único organismo que incluye a los niños de 14 y 15 años en los números sobre asesinatos es Naciones Unidas. Según sus datos sobre la Argentina, sobre 1.900 homicidios anuales sólo el 10% serían cometidos por adolescentes, y de esos apenas el 1% tendría como autores a jóvenes de 14 y 15 años.
Pero ese no es el problema central de lo que plantea el artículo. Lo más grave es que asegura que ese 13% de menores son responsables de asesinato, cuando la estadística que cita se refiere a investigaciones penales abiertas y no a sentencias. En nuestro país, el régimen penal se basa en que uno es inocente hasta que demuestre lo contrario. Considerar a un sospechoso culpable antes de ser juzgado responde a una lógica bien clara. Ni siquiera es algo moderno.

Cuando se hizo la Ley de Patronato, se la pensó como una norma contra los niños que trabajaban de canillitas y se hacían anarquistas. En las calles de Buenos Aires había unos 15.000 de ellos. Durante 10 años, Luis Agote batalló para votar la ley para encerrarlos. Esos niños, decía, “constituyen un contingente admirable para cualquier desorden social siguiendo por una gradación sucesiva de esta pendiente siempre progresiva del vicio, hasta el crimen, van a formar parte de esas bandas anarquistas”. La mayoría tenía entre 9 y 12 años.

La propuesta de Agote era recluir a 10 mil de esos niños en la isla Martín García. Algo que a muchos les gustaría volver a proponer.

OTRAS NOTAS

• La organización cívico-policial que recluta menores para robar y matar

  Ese tipo había vivido a salvo de la justicia terrenal. Pero el impacto del juicio por el asesinato de Santiago Urbani cambió su destino. Lo cierto es que Oscar Pé rez Graham, alias el Gordo, siguió con atención las audiencias. El banquillo era ocupado por dos de los autores del hecho; se trataba de los adolescentes que el 10 de octubre de 2009 descerrajaron un tiro en la sien del desafortunado joven. Otro de los victimarios –un muchacho de 21 años– será juzgado en un futuro debate. En cambio, el cuarto integrante de la banda aún permanecía prófugo. Era nada menos que él.

• Sobre lo que puede pasar a los 16 años

  Otra vez se discute qué hacer con algunos pocos adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves. Somos muchos quienes pensamos que es una mala idea introducir más personas, cada vez más pequeñas, en un sistema –el penal– que, como dice el criminólogo noruego Nils Christie, se especializa en repartir dolor. Hemos dicho que si hay niños que están donde no deberían –en la calle, con un arma, aspirando bolsitas, solos, fuera de la escuela, del club o de la canchita– es porque muchos adultos, y principalmente el Estado, no están donde tienen que estar.

• La responsabilidad de chicos y adultos

  La Presidenta acaba de poner racionalidad en el exacerbado debate sobre la “imputabilidad” al señalar que “esto de la edad no es una política de seguridad”. Tomando distancia de discursos catastrofistas, Cristina Fernández ubicó las cosas en su verdadera dimensión. Y es que –si bien el debate sobre la edad de imputabilidad penal no puede regirse sólo por criterios cuantitativos– no debe perderse de vista que la incidencia de los delitos cometidos por adolescentes menores de 18 años no es de gran peso en nuestro país. En ese contexto, la de los menores de 16 años es escasamente relevante.

• La polémica por el fallo Urbani y la manía política de disciplinar a jueces

  El debate sobre los menores en conflicto con la ley penal suele ser de carácter espasmódico e irracional. Como la marea, siempre vuelve. Basta que el foco se pose sobre un delito o un fallo de trascendencia mediática en el que está involucrado un adolescente. La polémica ahora la instaló la resolución del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 3, de San Isidro. Hace una semana los jueces Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez resolvieron aplazar por un año la imposición de las penas que les corresponden a dos chicos que ya fueron condenados por el crimen de Santiago Urbani.

• Las “patrullas juveniles” de Scioli

  Niños ‘sueltos’, sin tutela familiar o escolar, se desplazaban en ‘bandadas’ por las calles del centro, donde aprendían las peores artes de la delincuencia. Estas víctimas de la sociedad iban camino a convertirse en punguistas y escruchantes. Había incluso invisibles ‘sociedades de niños ladrones’, o ‘academias del robo’ donde se ‘doctoran de ladrones’, según los diarios de la época.” Podría ser una noticia actual del diario La Nación. Pero no lo es. Son consideraciones de la publicación La voz de la Iglesia, del año 1894, consignado en el libroApenas un delincuente.

• Un extraño suicidio fue el epílogo del asesinato de un agente policial

  Su nombre se conoció por ser uno de los acusados de matar al policía Diego D’Andreis. Sergio Ezequiel Gauna esperaba en la celda de la comisaría cuarta de la localidad de Manuel Alberti, en Pilar. Estaba preso, sospechado de ser quien disparó en el crimen del agente de la Policía Federal baleado el miércoles 4 en su casa de Tortuguitas. Ese día el oficial guardaba su auto en el garaje y dos delincuentes le quisieron robar. Se resistió al asalto y lo mataron de dos tiros. Horas después a Gauna, quien vivía a 20 cuadras de allí, lo metieron preso.