| Por Edgardo Mocca |
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La cuestión de la relación entre democracia y mercado -más concretamente entre democracia y propiedad privada- ha cobrado una inédita centralidad entre nosotros, en los últimos años. Es lógico que esta discusión no tuviera lugar en los largos años en los que floreció el mito de la prosperidad que vendría de la mano de la desregulación del mercado, la precarización del trabajo y la apertura irrestricta de la economía. Era la vieja concepción de la derecha conservadora decorada con las novedades teóricas del neoliberalismo, aplicadas rigurosamente por Margaret Thatcher y Ronald Reagan y exportadas luego a todo el mundo. No fue un laboratorio ideológico sino la dura experiencia de nuestro país y de nuestra región, lo que obligó a la revisión crítica de esas ideas. Después del diluvio de 2001, a la derecha le cuesta retomar el aire triunfal de aquella época. Se abstiene de instalar en ese terreno su encarnizada lucha contra los gobiernos kirchneristas y prefiere arroparlas en el atractivo lenguaje de la crítica moral, que se apoya en el suelo firme de la antipolítica en la Argentina. Es más fácil decir que el Estado es una banda de maleantes, que reivindicar la superioridad de la irrestricta libertad del mercado, después de que esa panacea produjera los estragos que produjo. Entonces, la estatización de las jubilaciones, las retenciones a las exportaciones y la regulación de la propiedad de los medios de comunicación, se reducen a formas del “saqueo” para la caja de los Kirchner. Los mismos que ocupan el lugar del extremismo institucionalista afirman ahora, por ejemplo, que el proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas es un ataque al derecho de propiedad. En realidad, lo que están haciendo es manifestarse contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero no porque lo sancionó una asamblea convocada por un decreto de un gobierno de facto, sino, lisa y llanamente porque ataca sus intereses. Esos “intérpretes” de la Constitución procuran reducirla a un régimen de garantías individuales (centralmente el de propiedad) y liquidar todo lo que en el texto hay de conquistas sociales propias del mundo industrial y alcanzadas por las luchas populares. Hay, según ellos, una Constitución liberal que se debe respetar y otra populista que debe ignorarse. En el caso de la ley de democratización de los medios audiovisuales, el discurso de la derecha se sofistica un poco más porque lo que está en juego es un tipo especial de propiedad y de mercancía: ése que ejerce una influencia decisiva en el modo de pensar de una sociedad. Se trata del uso de la palabra. Es, sin duda, un viejo tema en nuestro país. La dictadura militar tuvo mucha claridad al respecto; una claridad criminal, podría decirse. Sostuvo que tanto o más importante que las reformas económicas y jurídicas era el saneamiento de la sociedad, infectada por el virus de la subversión. De modo que la tenencia de algunos libros fue suficiente para aplicar la muerte sin pena. Y hoy está justamente en el tapete el capítulo de la relación del “proceso” con los grandes diarios de nuestro país. Independientemente de las conclusiones a las que llegue la Justicia en el caso Papel Prensa, será difícil levantar la constancia social sobre la penosa complicidad de sus accionistas mayoritarios y muchos de sus escribas, de entonces y de ahora, con el régimen terrorista más oprobioso de nuestra historia. LIBERTADES La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se dice, pone en juego la libertad de prensa en el país. Más aún, Elisa Carrió dice que Clarín es la última muralla de la libertad. Algunos comentaristas “independientes” vienen insistiendo en que la palabra monopolio es exagerada para referirse a los grandes medios de comunicación, porque en el mercado hay otros oferentes del mismo producto. Es un juicio etimológico que, si se usara para todo nuestro vocabulario, invalidaría todo significado. Borges decía que la etimología enseña lo que las palabras ya no significan ahora: los pontífices, bromeaba, no son constructores de puentes. Lo cierto es que si “monopolio” significara “uno solo”, como sostienen los comunicadores partidarios del grupo Clarín, no habría monopolios en el mundo. Todo el mundo usa la palabra monopolio para designar posiciones económicas dominantes que permiten, a quienes la detentan, todo tipo de prácticas contrarias a la competencia. Por ejemplo, fijar el abastecimiento y el precio del papel para diarios (sin alusión personal alguna). El interesante lugar de la legislación antimonopólica en materia de medios de comunicación, es que se sitúa en el cruce de dos universos: el del derecho de propiedad y el de la libertad de expresión e información. Ambos son igualmente cruciales para la democracia, tal como la conocemos. Tanto el monopolio de la propiedad sobre los medios como el del uso de la palabra, son amenazas directas y, en última instancia, destructivas para la democracia. Sencillamente porque la existencia de poderes irrestrictos surgidos desde fuera de la voluntad popular supone ni más ni menos que la existencia de otra soberanía por sobre la del pueblo. En todo caso los entusiastas de la etimología pueden tomarse el trabajo de averiguar de dónde viene la palabra democracia. La propaganda mediática utiliza a las audiencias como rehenes. Cada tanto dice que van a desaparecer determinados canales y determinados contenidos. Presenta la ley de medios como una empresa demoníaca que nos va a imponer qué podemos ver y qué no. Nos va a sacar de la pantalla a alguna gente, argumentando que hace programas de mala calidad y dañinos para la conciencia social. La ley de medios, sin embargo, no va a sacar del aire a nadie. A lo sumo establece un límite para la acumulación de licencias, de modo de evitar justamente la existencia de posiciones dominantes sobre el mercado de la comunicación audiovisual. Pero además, en el contexto de la legislación vigente, el Estado ha impulsado un proyecto realmente saludable en términos culturales y democratizadores. Con la televisión digital pública se propone generar una alternativa federal, democrática y de calidad a la televisión comercial y facilitar el acceso masivo a esos contenidos. El común denominador parece ser el de la concepción de los bienes culturales como patrimonio nacional y público a defender, enfrentando su uso monopólico y al servicio de determinados intereses particulares. En esa dirección aparecen el canal infantil Pakapaka y el Incaa TV, dedicado al cine nacional. La experiencia de la televisión pública abierta en este último período, y particularmente del canal Encuentro, muestran un camino perfectible pero de indudable valor. Tienden a mostrar un país que existe más allá del puerto y de las principales ciudades. Un país del que casi no se habla (el casi es casi retórico) en el resto de la televisión. Un país que tiene indios, música y artes ancestrales, gente de otros colores (mucha gente de otros colores), culturas y cosmovisiones diferentes. Y que tiene sindicatos, movimientos sociales, conflictos legítimos. Y también programas de humor, como el de Diego Capussoto en el Canal 7, de una calidad difícilmente encontrable en la TV comercial, en la que lo cómico suele reducirse a la chabacanería y el mal gusto. No hay que asustarse. No habrá una ley contra la chabacanería y el mal gusto, ni contra el macaneo periodístico, como a veces parece que querrían algunos fundamentalistas. Si se insinuara algo así, no tendría la menor relación con la ley de medios ni con la experiencia actual de los medios públicos. Sería muy bueno que la oposición se sume a los órganos reguladores de la radio y la televisión pública que, tal como se dice, no pertenece al Gobierno. En ese caso habremos reemplazado el miedo por el debate, y la fidelidad incondicional con los grandes empresarios mediáticos, por la defensa de la democracia y la pluralidad. | ||||||||
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