Como interventor del Comité Federal de Radiodifusión impulsó el debate sobre la necesidad de una nueva Ley de Medios, que reemplazase a la pergeñada por la última dictadura. Ahora, como titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual está encargado de poner en práctica la que sancionó el Parlamento, el 10 de octubre último. Gabriel Mariotto, hombre clave en esta historia, no para. Mucho menos ahora que la Cámara Federal de Salta dejó sin efecto la suspensión dictada por un juez de primera instancia y despejó el horizonte para empezar a aplicarla. Y en esta entrevista con Debate da muestras de eso. Dice que los grupos concentrados intentan “ganar tiempo” para defender el statu quo, critica el papel de una parte de la oposición que es “funcional” a esos intereses y plantea la profundidad de los cambios que la puesta en marcha de la norma conlleva.“La aplicación de la ley puede significar un cambio de paradigma muy grande. Abre un mundo desconocido”, remarca. Luego de que la justicia revocara las medidas cautelares contra la nueva ley de medios, ¿cuáles son los pasos de aquí en más?
La ley ya se está aplicando en los artículos que no necesitan reglamentación. Después del fallo de la Corte, la Autoridad Federal de Aplicación los puso en funcionamiento. Por ejemplo, activó el decreto 1172 de la elaboración participativa de normas para que los distintos sectores de la sociedad puedan hacer los aportes y fortalecer la reglamentación con la mirada diversa de cada sector, de cada ciudadano. Con estos aportes, se va a elaborar un reglamento que va ser enviado a la Presidenta para que lo considere y firme el decreto reglamentario que permita aplicar la totalidad de los artículos de la ley. Los que no necesitan esa reglamentación ya se están aplicando.
¿Hay posibilidad de que alguna instancia judicial vuelva a retrasarla?
Podría retrasar algún artículo en particular, pero ya no puede retrasar la aplicación de la ley en sí misma, cosa que se hizo desde febrero hasta la semana pasada. Las medidas cautelares de Mendoza y la de Salta son parte de una situación tan descabellada que no tiene antecedentes en la historia argentina. Que una medida cautelar haya impedido la aplicación de una ley ha sido un verdadero disparate. Por suerte, eso quedó superado con el fallo de la Corte. Ahora, algún licenciatario que se viera perjudicado por tal o cual artículo puede presentarse a cuestionar un artículo en particular, pero nosotros apelaremos en las instancias judiciales que correspondan. Por varias razones, pero sobre todo porque creemos en la racionalidad que tiene el texto de la ley.
Los cuestionamientos, hasta aquí, son por supuestos vicios en la sanción de la ley, no por su contenido.
En las medidas cautelares, sí. Pero puede haberlo por un artículo en particular. Por ejemplo, el 161, que establece que las empresas que tienen más medios de los que la ley permite deben desprenderse de esas licencias. El espíritu y la letra de la ley son muy claros en ese sentido: se quiere evitar que se vuelvan a dar posiciones dominantes en el mercado de las comunicaciones. Los grupos monopólicos creen que les asiste un derecho natural para tener la cantidad de medios que ellos quieren, que superan, incluso, a los permitidos por la ley de la dictadura. Por eso se han presentado en la justicia cuestionando ese artículo. Y nosotros nos hemos presentado argumentando en línea con el artículo 161, porque entendemos que un año en la desinversión es absolutamente lógico, racional y, además, tiene antecedentes internacionales. Por ejemplo, el caso de Microsoft en Estados Unidos.
¿Cómo será operativamente ese proceso de desinversión? El Grupo Clarín, por ejemplo, se vería obligado a desprenderse de 240 de las 264 que posee.
Las empresas no pueden tener más de diez licencias en todo el país y no más de tres en una misma área de cobertura. Además, no pueden tener más de veinticuatro de distribución de señales por vínculo físico. Por eso no les queda otra que ajustarse a derecho y, si tienen más licencias de las que corresponde, deberán venderlas. ¿Qué van a decir? ¿Que tienen un derecho adquirido? De la violación de una ley no se adquieren derechos y ellos estaban violando también la vieja ley. Si la aplicación del 161 es trabada en la justicia, vamos a apelar cuantas veces corresponda. El año de plazo se va a cumplir. En un año van a tener que desprenderse de esos activos.
¿Qué posibilidades hay de que puedan resguardar su propiedad a través de testaferros?
Ninguna. Esta ley es absolutamente precisa para evitar testaferros. Y las leyes preexistentes del Estado, también lo son. Si se aplican y funcionan las instituciones no hay testaferro posible. Capital controlante, origen del capital: todo será muy transparente. Es lo que vamos a exigir al habilitar a un licenciatario. Además, hace unos días firmamos un convenido con la AFIP para cruzar información de las empresas con la Autoridad Federal de Aplicación. Se cargan los contenidos y todo tiene que funcionar claramente.
Se supone que, más allá del fallo y de la legalidad y legitimidad de la nueva norma, los grupos perjudicados no se van a quedar de brazos cruzados.
La resistencia a la ley tiene una metodología que se va expresandorecurrentemente: ganar tiempo. Ganaron veintiséis años sin que el tema se discutiese. Cuando se presentaba un proyecto, no tenía peso específico, porque lo presentaba un diputado suelto, sin voluntad de ningún Ejecutivo. O cuando la había, lo disuadían rápidamente. Y con ese tiempo que ganaron acumularon más poder del que tenían. Hasta que llegó la presidenta Cristina y recuperó para la política, junto con Néstor Kirchner, convicciones que parecían olvidadas. Ellos ganaron tiempo, pero nosotros, con veintiséis años de frustraciones, aprendimos. La gran participación en los foros expresó eso, ese aprendizaje. Y juntos, participación y aprendizaje, vencieron veintiséis años de silencio.
¿Qué les queda, entonces?
Seguir ganando tiempo. Fíjese lo que hicieron: recurrieron a instancias judiciales para que no se aplicase. No quieren que se aplique bajo ningún aspecto. Pero ahí están la gran capacidad estratégica y el coraje de la Presidenta y, también, un pueblo movilizado para defender la ley. Ahora, seguro, van a querer seguir ganando tiempo. Si no, miremos lo que sale hoy(ndr: miércoles 30) en Clarín: “Aplican la Ley de Medios, pese a estar suspendida”. No, la ley no está suspendida, está aplicable. Pero lo que ellos quieren es que no se tome ninguna medida. Si es posible, encorsetar la decisión de los legisladores y, de paso, ganar tiempo. Suponen que el statu quo de la posición dominante o el monopolio es un derecho natural que les asiste.
¿Le sorprende la reacción tan airada como ineficaz de estos grupos? Por ejemplo, esta especie de enojo mal editado que, de alguna manera, también contribuyó a correr el velo de la trama de intereses.
Los grupos monopólicos se achancharon. Durante la dictadura se fortalecieron porque sus líneas editoriales coincidían con las políticas de la dictadura y, en democracia, hicieron valer ese poderío. Hay que decirlo, una democracia con debilidades permanentemente accedió a los caprichosos pedidos de los grupos monopólicos convertidos, ya no en medios objetivos e independientes, sino en empresas de gran poder de fuego en los resortes de la economía argentina. En definitiva, se convirtieron en verdaderos actores de extorsión. ¿Qué pasó ahora? Por primera vez, en muchísimos años, un gobierno no obedece a su agenda y elabora la propia. Por primera vez, a la hora de exigir, no encuentran un gobierno que ceda a sus intereses o caprichos.
Cuando dice que pretenden ganar tiempo, ¿está diciendo también que apuestan a la derrota del Gobierno para revertir esta situación?
Hay una especie de simbiosis de hipopótamo con pájaro entre grupo monopólico y políticos funcionales de la oposición. Unos ofrecen espacios televisivos y buen tratamiento en los diarios y los otros aceptan, porque encuentran lugar donde construir política. No tienen ni unidades básicas, ni comités, ni centro cívico ni biblioteca donde militar y buscar participación de la sociedad. Entonces, apelan al grupo monopólico y defienden sus posiciones empresarias. Creen que con ese soporte mediático sólo pueden reemplazar la falta de construcción política y llegar a posiciones de gobierno.
¿Piensa que hay condiciones políticas para volver atrás? Ante un eventual gobierno de la oposición, por ejemplo.
La oposición tiene una gran fragmentación entre sectores que difieren filosóficamente de las políticas de nuestro gobierno y sectores que sólo les interesa ser funcionales a los intereses de los grupos monopólicos. Estos sectores no tienen agenda política propia, sino que tienen la agenda política que le marcan. A veces uno se sonroja cuando ve que lo que dicen ciertos diarios que luego se expresa en declaraciones de esos dirigentes. En la oposición se está dando un quiebre entre estos dos sectores.
¿Cuánto cree que cambió la sociedad desde que presentaron el proyecto hasta ahora en relación a estos temas?
A partir de la decisión de la Presidenta de construir reflexión a través de los foros, que le dieron soporte técnico y conceptual a la ley, la sociedad le encontró la punta al ovillo y empezó a debatir como nunca antes con respecto al contenido de los medios de comunicación. Los grupos monopólicos concentrados, muy férreos y con acciones extorsivas, que durante muchos años encontraron una sociedad pasiva, que accedía a la agenda mediática casi entregándose a esa única opción, se encontraron con otra situación. Frente al debate, la participación, apareció una sociedad más reflexiva que, como nunca, resignificó lo que los medios pretenden imponer.
La discusión de la ley, incluso, generó una gran expectativa en muchos jóvenes, que la tomaron como bandera.
Éste es un gobierno que cuestiona poderes y estructuras, con una política bien definida en términos de redistribución de la riqueza y justicia social. Por eso no es raro que la juventud se encuentre reflejada. En los noventa, recuerdo dirigentes que hacían política apretando latitas de Coca Cola, y eso no convoca a la juventud. Consensuar políticas con el FMI, tampoco. La juventud no se siente interpelada por políticas tan condescendientes. Ahora, cuando se cuestionan poderes y cuando esa pelea se da no sólo desde una idea voluntarista sino con metodología, con inteligencia y con convicción es natural que los jóvenes participen.
¿Se podrán satisfacer esas expectativas generadas?
Acá no hay expectativas desmedidas. Vivir en pluralidad y en libertad de expresión no tiene precio ni límites. La aplicación de la ley puede significar un cambio de paradigma muy grande. Abre un mundo desconocido.
¿Qué cambia en términos culturales, por ejemplo?
Es que la verdadera revolución de la ley es en términos culturales. Lo dije en el primer reportaje que di como interventor del Comfer: parafraseando a lo que había dicho Carlos Kunkel sobre la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas es cultural. La pluralidad y el pleno ejercicio de la libertad de expresión permiten que manifestaciones de la cultura popular, que han sido olvidadas, desconocidas, despreciadas, estigmatizadas, hoy puedan tener su espacio y se puedan manifestar sin ningún tipo de restricción. Nuestro pueblo, durante mucho tiempo, construyó expresiones despreciadas por el establishment y, aun así, esas expresiones perduran y se fueron fortaleciendo. No quiero pensar lo que van a ser esas expresiones cuando tengan una botella al mar para tirar, cuando tengan los medios para mostrar lo suyo. Acá, el establishment despreció siempre lo propio como hecho cultural, tratando de estigmatizarlo como algo menor, berreta. El patrón cultural lo impone el prejuicio estético de un sector mediático. Eso es lo atentatorio. Todo eso va a cambiar. Por eso digo que esto implica, sobre todo, una revolución cultural.
Qué cambia - La ley 26.522 reemplaza al viejo decreto-ley de Radiodifusión, sancionado en 1980, durante la última dictadura cívico-militar.
- La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo descentralizado y autárquico, reemplaza al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer).
- Según la vieja ley, el Comfer debía estar a cargo de un representante de cada fuerza militar, otro de la SIDE y de las empresas privadas. De ahí que estuviese siempre intervenido. La Autoridad Federal quedará conformada por representantes del Ejecutivo y de la oposición.
- Habrá un mínimo requerido de producción nacional en los contenidos, tanto musicales como cinematográficos. Y, para los medios regionales, habrá una cuota de producción local para federalizar la información.
- Se reserva un tercio del espectro para organizaciones no gubernamentales y otro tercio para el sistema de medios públicos.
- Las licencias se entregan por diez años y se pueden renovar por otros diez. Concluido ese plazo, los licenciatarios deben volver a concursar.
- Se incorpora la figura del Defensor del Público. Podrá actuar de oficio o ante denuncias. Está concebido como una especie de fiscal permanente del público, con derecho, por ejemplo, a convocar a audiencias públicas.
- Las empresas que distribuyen señales no pueden, a su vez, generar contenidos. Las empresas de cable, por ejemplo, no pueden tener canales de aire y sólo están autorizados a tener un canal de cable.
- Se limita la cantidad de licencias que puede tener una misma empresa. Por ejemplo, hasta diez radios o diez canales de televisión y hasta veinticuatro cables en todo el país. Además, no se pueden tener más de tres licencias en un mismo lugar físico.
Las críticas y los fantasmas
Uno de los fantasmas que han azuzado algunos opositores al proyecto es que, con la ley, lejos de diversificarse la palabra, se va a tender a la unificación de los discursos en otro sentido. ¿Qué les contesta?
Eso es un desprecio al contenido de la ley, que va en línea con los intereses mezquinos que le adjudicaron para no discutir nada. También dijeron que se iban a discutir licencias cada dos años o que iban a desaparecer señales. O que se iban a perder trabajos. Mentiras. Los argumentos que usaron los grupos monopólicos y sus voceros en la oposición fueron absolutamente mezquinos y de poco fundamento. De hecho, va a haber más trabajo y muchas más posibilidades para los jóvenes, y ninguna señal va a dejar de existir porque exista la ley.
TN, entonces, no va a desaparecer.
No, no va a desaparecer. Lo que sí va a suceder es que tendrá que competir con otras señales de otros empresarios e, incluso, de otra naturaleza jurídica, como las organizaciones sin fines de lucro.
¿De qué manera concreta una ONG puede acceder a una licencia? ¿Cuáles son las condiciones, los requisitos?
Se pueden presentar a concurso para ser licenciatarios del 33 por ciento del espectro que les está reservado. Así de simple. Esto, entre otras cosas, va a servir para saber quién está emitiendo. Será tal cooperativa, tal sindicato, tal organismo de derechos humanos, tal club de fútbol. Hoy no sabemos quién está emitiendo, ni desde dónde nos hablan. Muchas veces esas sociedades están licuadas en empresas que no están declaradas en la Autoridad de Aplicación porque la vieja ley permitía esa gambeta.
Otra cosa que también se dijo es que esta ley iba a desincentivar las inversiones privadas en la industria de medios.
Todavía no encontré a nadie que venga a devolver una licencia porque da pérdida. Ninguno de los licenciatarios, ni antes ni después de la ley, ha dicho que perdió plata y quería devolver su licencia para que se vuelva a llamar a concurso. Eso no es así, es absolutamente falso. Acá estamos frente a un cambio de paradigma tecnológico que permite pluralidad y diversidad, como la incorporación de la digitalización. La digitalización en manos del monopolio hubiese sido un problema para los ciudadanos. Tendría un fin lucrativo terrible, que lo hubiese hecho inaccesible para una buena parte de la población. Por suerte, este cambio se hace con un Estado que, a partir de una ley de la democracia, genera inclusión y equidad. Telefónicas y convergencia Más allá de lo que permitió en términos de conseguir un consenso más amplio, ¿cree que fue un error o una limitante el vedar el ingreso de las empresas telefónicas en el negocio audiovisual, teniendo en cuenta hacia dónde apuntan los cambios tecnológicos?
Las distintas descalificaciones que sufrió el tratamiento de la ley, producto de una estigmatización o una falsedad argumental, encontró en la incorporación de la convergencia tecnológica un continente para resistir y frenar el tratamiento de la ley. Pero la Presidenta, con mucha inteligencia, preservó lo esencial de la ley y dejó que estas cosas quedasen para más adelante. Creo que los empresarios de la comunicación no estaban en condiciones objetivas para asumir un debate tan profundo como éste.
¿Es una materia pendiente?
Sí, por supuesto. Éste es un debate que se debe reabrir en cualquier momento. La convergencia tecnológica es inevitable y la incorporación de nuevas tecnologías tiene que darse previa discusión en el Congreso, con un objetivo claro: que no haya posiciones dominantes, que no haya monopolio bajo ningún aspecto.
Entonces se dijo que detrás de todo estaba el control de Telecom.
La estigmatización para descalificar la discusión tenía varias puntas. Ésa fue una. Lo cierto es que, en algún momento, la sociedad va a tener que debatir cómo incorporar nuevas tecnologías, cómo llevar adelante esa convergencia tecnológica sin que ninguna empresa, cualquiera fuere, se quede con una posición dominante. |
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