NUNCA MENOS, NI UN PASO ATRÁS...
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LA ALEGRÍA PERONISTA
viernes, 29 de abril de 2011
miércoles, 27 de abril de 2011
SENSACIONAL, ¡EL JUEZ OYARBIDE ! VERSUS G & A, PNI, SA
FANTÁSTICO, IMPERDIBLE...
DESPUÉS NO DIGAN QUE NO AVISÉ...
GRACIAS MENDIETA, GRACIAS EVA
26 de abril de 2011
SENSACIONAL, ¡EL JUEZ OYARBIDE ! VERSUS G & A, PNI, SA
Mendieta publica este video en su blog, ¡gracias Mendieta!
Se trata del juez que fue víctima de un operativo mediático infame, producido por la empresa G & A, PNI, SA (Grondona & Asociados, de Perversión Neoliberal Ilimitada, Sociedad Anónima). Hoy el juez puede vivir y respirar los aires de libertad que llegaron a estas tierras arrasadas por el neoliberalismo y redimidas por el kirchnerismo. Acá vemos que la revancha no tiene nada que ver con la venganza. La revancha está en disfrutar de una época de justicia, en la que la vida privada comenzó a ser realmente privada de control hipócrita. El juez tiene derecho a divertirse y hacer de su vida lo que desee. ¡Nos alegramos con èl!
Se trata del juez que fue víctima de un operativo mediático infame, producido por la empresa G & A, PNI, SA (Grondona & Asociados, de Perversión Neoliberal Ilimitada, Sociedad Anónima). Hoy el juez puede vivir y respirar los aires de libertad que llegaron a estas tierras arrasadas por el neoliberalismo y redimidas por el kirchnerismo. Acá vemos que la revancha no tiene nada que ver con la venganza. La revancha está en disfrutar de una época de justicia, en la que la vida privada comenzó a ser realmente privada de control hipócrita. El juez tiene derecho a divertirse y hacer de su vida lo que desee. ¡Nos alegramos con èl!
martes, 26 de abril de 2011
Ambientalistas llevaron al Congreso su defensa del Iberá.
La inversión correrá por cuenta de, entre otras, las empresas Copra SA (vinculada con el directivo del Grupo Clarín José Aranda y dueña de uno de los arrozales más grandes del país, en el departamento de Mercedes) y Adeco Agro (propiedad del magnate húngaro George Soros).
El rostro de Aranda se hizo público en 2008 cuando agredió a un fotógrafo del diario Crítica que le había tomado una foto junto al CEO Héctor Magnetto a la salida de una reunión del directorio de Papel Prensa.
Activistas de la organización “Salvemos al Iberá” repudiaron la represión del pasado 13 de abril y volvieron a responsabilizar al gobernador correntino de "criminalizar la protesta". También implicaron a la senadora nacional Josefina Meabe de Mathó.
Ambientalistas de la organización “Salvemos al Iberá” reclamaron en la tarde de ayer la protección de la cuenca y repudiaron la “criminalización de la protesta” en la provincia de Corrientes, tras la represión del pasado 13 de abril.
En el Salón José Luís Cabezas de la Cámara de Diputados brindaron una conferencia de prensa convocada por la titular de la comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda, el coordinador de la ONG, Emilio Spataro.
Allí se recordó que habían instalado un campamento al lado de la ruta 40 para pedir el cese de la “toma ilegal de agua” por parte de la empresa arrocera Zampedri-Zambón, en la localidad de Carlos Pellegrini, cuando fueron reprimidos tras un inusual despliegue policial que tuvo como correlato la detención de catorce manifestantes.
Spataro, quien estuvo tres días detenido e incomunicado en Paso de los Libres, acusó al gobernador Ricardo Colombi por la represión y advirtió que, a pesar de las presiones, el reclamo no cesará. De hecho, este sábado los ambientalistas volverán a realizar una protesta contra las arroceras acusadas de contaminar los esteros del Iberá, humedal que ocupa el 15% del territorio provincial.
Además denunciaron a la senadora nacional Josefina Meabe de Mathó, de extraer agua del río Corrientes para alimentar una arrocera familiar. Cabe destacar que, Meabe es parte de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara alta.
Por su parte, Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señaló que “el gobierno provincial hace caso omiso” a los controles que deberían regular a las empresas de la cuenca. También recordó que, pese a las órdenes de la justicia correntina, aún no se ha demolido el terraplén que la empresa Forestal Andina construyó en los esteros.
Finalmente, la diputada Donda sostuvo que el agua “debe ser declarada como un derecho humano esencial para la vida” y recordó lo prioritario de “evitar la extranjerización de las tierras”. Asimismo, adelantó que mañana Proyecto Sur impulsarán un proyecto de repudio a la represión de los ambientalistas correntinos.
“Sostenemos que el de Corrientes es un ejemplo más de la entrega de nuestros recursos naturales por parte de los gobiernos provinciales al sector privado”, agregó Donda.
Según los datos de la ONG, las arroceras de la zona extraen el agua pública sin contar con un estudio acerca de un posible impacto ambiental. Particularmente Zampedri-Zambón, utiliza 12 mil millones de litros de agua por cosecha.
Salvar el Arroyo Ayuí en Corrientes. Argentina. Imágenes de corrientes. Fotos de paisajes. Lugares turísticos de la provincia de Corrientes. Postales de Arroyos.
El Ayuí Grande, en Corrientes, Argentina, corre peligro junto a sus bosques. Un grupo empresario quiere construir una represa e inundar 8.000 hectáreas para plantar arroz y soja. Ahogarían al Ayuí bajo un lago artificial.
Desde Lugares de mi País apoyamos la defensa de este hermoso recurso natural de la provincia de Corrientes y pedimos lean este artículo y luego completen el formulario. El contenido con imágenes se extrajeron de http://ennombredelayui.blogspot.com/. Invitamos a visitar el website para obtener más información de este problema que nos afecta a todos.
Click aquí para ayudar a salvar el Ayuí
Represa del Ayuí y un anuncio para la polémica
Por Aníbal Parera
Los recientes anuncios acerca de un gran proyecto agrícola en el área de la cuenca del Arroyo Ayuí en el Departamento Mercedes de la provincia de Corrientes, deben ser cuidadosamente analizados por la opinión pública, antes de festejar lo que a primeras luces sería una iniciativa de desarrollo local generadora de empleo y nuevas inversiones.
Impulsado por dos empresas líderes del sector (Copra y Adeco) este proyecto anticipa una notable expansión agrícola en un área tradicionalmente ganadera.
Se anuncian la incorporación de unas 28.000 hectáreas de cultivos de arroz y otros cereales, exportaciones millonarias y una cantidad nada despreciable de nuevos puestos de trabajo.
Lo que no se anuncia con la misma intensidad es que para ello proponen interrumpir el flujo natural de un importante curso de agua, eliminando sus bosques de ribera y extensos pastizales, sorteando así derechos fundamentales expresados en la constitución y las normas más elementales.
La propuesta de las empresas consiste en crear un lago artificial de proporciones descomunales. Tan grande como El Palmar de Colón (Entre Ríos), mayor que la cercana y famosa Laguna del Iberá y 12 veces más extenso que el casco urbano de la cercana ciudad de Mercedes.
El proyecto consiste en atravesar con un paredón el arroyo mencionado e inundar su lecho completo en un tramo de decenas de kilómetros de costas. La escena de la fotografía quedaría entonces bajo el agua, destruida de manera irreversible.
Este reservorio artificial recibiría, a su vez, los efluentes químicos de esta gigantesca superficie de plantíos, y el destino de la cuenca del río Miriñay (receptor final de las aguas que terminan en el río Uruguay), podría quedar severamente comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo ya no serían las mismas.
Conviene reflexionar que represas y lagos artificiales de estas proporciones –aunque ya severamente cuestionadas en todo el mundo– han sido siempre emprendidos por el Estado y con fines de provisión de electricidad a la población. Obras netamente públicas y en procura del bien común.
Pero esta vez se trata de un emprendimiento privado, con lógicos fines lucrativos. Nadie intenta demeritar la renta privada, muy por el contrario. Pero ella no podría justificar adueñarse de algo tan público como un trozo de la geografía… ¡un río! para simplemente hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales.
Resulta al menos llamativo que las autoridades participen de manera entusiasta del anuncio de un proyecto de estas características, con tono de “lanzamiento”. ¿Habrán advertido que no sólo de puestos de trabajo se trata? A favor de los gobernantes, conviene aquí reducir el hecho de los anuncios a lo que efectivamente ocurrió hasta ahora: las empresas presentaron la documentación, y deben permanecer a la espera de los permisos necesarios.
El proyecto deberá entonces pasar por muchas instancias previas, incluyendo una audiencia pública donde las evaluaciones ambientales sean sometidas a la opinión popular.
Tal vez ni siquiera llegar a eso, ya que este parece ser un ejemplo de lo que “no se puede hacer”, mucho más que un caso que admite evaluar su impacto ambiental.
Si las autoridades dejaran pasar esto, y si las empresas –advertidas de una situación que podría devenir en importante reacción en el terreno jurídico y cívico– insistieran en destruir el curso del Ayuí para dar lugar a su proyecto productivo el precedente sería desafortunado.
¿Cuál sería, entonces, el nuevo límite?
¿Podrían éstas u otras empresas, con suficiente respaldo económico, levantar un dique para hacer desaparecer nuevos trozos de nuestra geografía?
¿Podría luego ser el turno del Miriñay, el Payubre, el Aguapey o el Corriente?
¿Dependería simplemente de eso?
¿Del poder económico para hacerlo?
Fuente: Diario El Territorio, y otros medios provinciales de Corrientes.
Salvar el Arroyo Ayuí en Corrientes. Argentina. Imágenes de corrientes. Fotos de paisajes. Lugares turísticos de la provincia de Corrientes. Postales de Arroyos.
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lunes, 25 de abril de 2011
ESTEROS DEL IBERÁ - Por intereses económicos sacrifican de por vida ese recurso !
Se firmó un nuevo convenio “Productivo Ayuí Grande”, que consistirá en la construcción de una represa en la ciudad de Mercedes que permitirá la explotación de arroz y que impactará en un 20 por ciento de la producción actual de nuestra economía.
Nordestealdia.com dialogó con el doctor José Aranda –presidente de la firma COPRA S.A.-, quien llevará adelante el ambicioso proyecto. “Nosotros somos concientes que producirá un impacto espectacular para la economía de la provincia”, manifestó el ex titular de Bradford.
Emilio Spataro, coordinador de la organización “Salvemos al Iberá”, fue liberado el viernes a última hora, tras pasar tres días detenido e incomunicado en Paso de los Libres por orden del gobernador Ricardo Colombi.
Pasadas las 20 horas, y tras tomarle declaración en el Juzgado de Instrucción número 2, se liberó al ecologista en medio de fuertes críticas a nivel regional y nacional por distintas organizaciones y sectores de la prensa.
“Solo la solidaridad de decenas de organizaciones e individuos logró nuestra liberacion, tengo en claro que la desición del Gobierno era acallar nuestra vos”, dijo Emilio Spataro una vez liberado.
En un despliegue inusual, 60 efectivos de Infantería, la división de canes y la división rural, reprimieron y detuvieron al grupo de catorce ecologistas que protestaban contra la arrocera Zampedri-Zambón1 a la vera de la RN40, en la localidad correntina de Carlos Pellegrini, entre los que se encontraba Spataro y cinco menores de edad.
“El propio Colombi confirmó a los medios su decisión de evitar la manifestación de los ambientalistas, justificando el maltrato y el operativo desmedido montado por la policía en contra de 14 ambientalistas que acampaban pacíficamente junto al puente de Pellegrini”, declaró Facundo Sagardoy, periodista detenido en Iberá.
Organizaciones ambientalistas y movimientos sociales y políticos se manifestaron el viernes frente a la Casa de Gobierno de la Provincia y presentaron un petitorio en el que demandaron la excarcelación de Spataro y denunciaron la criminalización de la protesta ambiental.
“La criminalización de la protesta pacífica de 14 personas, que acampaban a la vera del camino, es preocupante y denota un especial ensañamiento hacia los ambientalistas”, afirmó Patricia Mc Cormack, abogada de Spataro,
“Si el gobernador cree que así silenciará nuestro reclamo, está muy equivocado. Esto sólo nos da más fuerzas para seguir defendiendo el Iberá del accionar de las arroceras ilegales y de la connivencia del Gobierno para con ellas”, finalizó Spataro.
Esta arrocera fue clausurada hace dos años y continúa bombeando y operando más de 12 mil millones de litros de agua por cosecha de la laguna Iberá. La laguna fue declarada Parque Provincial en 2000 y Sitio Ramsar en 2002 por sus cualidades naturales únicas.
Vice presidente del Grupo Clarín José Aranda.
Ayuí Grande es el nombre que lleva el proyecto de construir una represa sobre el caudaloso arroyo homónimo (los locales lo llaman río), que nace en las faldas de las sierras Cuchilla Grande, en la provincia de Entre Ríos, y desemboca en el río Uruguay, tras recorrer los departamentos correntinos de Mercedes, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros, siempre cercano a los Esteros del Iberá.
La iniciativa inundará unas ocho mil hectáreas de la provincia de Corrientes, equivalentes a la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de establecer un gigantesco campo de cultivo de arroz.
La inversión correrá por cuenta de, entre otras, las empresas Copra SA (vinculada con el directivo del Grupo Clarín José Aranda y dueña de uno de los arrozales más grandes del país, en el departamento de Mercedes) y Adeco Agro (propiedad del magnate húngaro George Soros).
Algas: Combustible, alimento y plástico del futuro
Crédito: Fabricio Vanden Broeck
Por Mark Sommer *
La investigación de las algas gana fuerza en el sector privado y académico, a medida que se revela su potencial, afirma en esta columna exclusiva el periodista Mark Sommer.
TRINIDAD, California, Estados Unidos, 25 abr (Tierramérica).- Mientras los combustibles tradicionales proyectan cada vez más consecuencias indeseables, las algas, esa suciedad de los estanques, ofrecen una alternativa sencilla, de corto plazo y con muy poco de los costos escondidos de fuentes de energía más aparatosas y complejas.
La primera y más simple forma de vida, las algas prometen convertirse en un recurso fundamental para el futuro del planeta como base de un biodiésel de gran calidad que –al contrario del maíz—no desvía alimentos humanos.
Y no son sólo combustibles. Son alimento animal y humano –pensemos en la proteica y vitamínica spirulina—y el componente esencial de una amplia gama de plásticos biodegradables para reemplazar a los producidos a partir de hidrocarburos.
Las algas hacen todo eso mientras crecen absorbiendo prodigiosas cantidades de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero que más necesitamos reducir de la atmósfera para frenar el cambio climático.
Por ahora no son una prioridad en la investigación y desarrollo de los países ni de las grandes empresas, pero están ganando fuerza en el sector privado y académico, a medida que se revela su potencial.
Ya hay gigantes de la energía investigado sobre ellas como subproductos del desarrollo del llamado “carbón limpio”, puesto que absorben el dióxido de carbono que genera la quema de ese mineral. Pero el carbón no es más que algas de 500 millones de años de antigüedad.
Entonces, ¿por qué no dejar de buscar carbón escarbando montañas, y dedicarse en cambio a cultivar algas de rápido crecimiento y gran absorción de dióxido de carbono?
No es un sueño distante. Un factor que pone a las algas por encima de casi todas las opciones energéticas, convencionales o alternativas, es su simplicidad, ubicuidad y disponibilidad.
Los investigadores sostienen que, si bien subsisten obstáculos técnicos para una producción a gran escala de bajo costo en varios de sus usos, ninguno parece infranqueable.
Gracias a su capacidad de enorme crecimiento, las algas en cultivo no requieren control estrecho. Su florecimiento es natural, pero se incentiva con la contaminación química y agrícola.
La eutrofización asfixia ríos y arroyos y afecta la vida acuática y marina, pues bloquea el flujo de oxígeno, un proceso conocido como hipoxia. Es un problema grave, que debe considerarse en los cultivos de algas que se hacen en espacios abiertos, en lugar de ambientes controlados como los biodigestores, donde se produce el biodiésel.
Pero, al contrario de una reacción nuclear en cadena, incluso si la proliferación de algas se vuelve excesiva, sus consecuencias no se acercarían siquiera a la gravedad de una fusión atómica.
En una visita a ENN Group, una firma china de energía situada a una hora de automóvil desde Beijing, este corresponsal recorrió un laboratorio donde los científicos desarrollan microalgas para una variedad de usos, como parte de un proyecto de riesgo compartido entre ENN y Duke Energy, una de las mayores prestadoras de servicios públicos de Estados Unidos.
En un soleado invernadero con paredes cubiertas de tuberías de cristal por las cuales circula un fango verde, el jefe del equipo de algas de ENN, Liu Minsung, señaló una hilera de tubos transparentes conteniendo sustancias de diferentes colores y consistencias y levantó una por una.
“Ésta es una microalga en forma pura. Experimentamos con diferentes formas de microalgas y criando nuevas variedades para desarrollar aquellas que más fácilmente se adaptan a nuestros propósitos”, dijo.
Entonces, levantó otro tubo. “Esto es aceite vegetal, muy puro, sin sabor, muy bueno para usted”. La dejó y tomó otra. “Esto es alimento animal, muy nutritivo”.
“Esto es biodiésel”, siguió Liu. “Se puede usar como combustible de vehículos automotores, barcos y jets”. Las “oleo-algas”, como las llaman algunos, se refinan en un proceso muy barato y ya establecido.
Liu siguió adelante. “Y éstas son la base de los bioplásticos. Podrían reemplazar todos los plásticos que hoy obtenemos del petróleo”. Y son biodegradables.
“¿Cuántos años se necesitan para que todo esto sea viable comercialmente?”, pregunté. Reflexionó un momento, como si consultara su agenda. “Consúltenos el año próximo”, respondió.
En efecto, el año próximo. En 2012, la marina de guerra de Estados Unidos lanzará lo que llama el Grupo de Combate Verde, una flotilla de barcos que funcionarán con una mezcla llamada diésel hidroprocesado renovable: mitad algas y mitad combustible naval destilado OTAN F-76.
Para 2016, la marina prevé lanzar la Gran Flota Verde, un grupo de combate de portaaviones conformado por buques híbridos eléctricos, aviones propulsados por biocombustibles, incluso de algas, y –ya no tan verde—barcos nucleares.
Las algas constituyen un círculo completo de innovación porque sirven a varios usos simultáneos, siguiendo una dinámica más bio-lógica que tecno-lógica.
Las soluciones técnicas se han vuelto tan complejas y costosas que, como sucede con los teléfonos inteligentes, una plétora de aplicaciones no esenciales terminan abrumando la capacidad básica.
Como toda “solución”, las algas tienen indudablemente lados oscuros que debemos descubrir. Pero el mayor riesgo, como el del automóvil eléctrico, es no desarrollarlas.
Usted puede criar sus propias algas, ya que crecen en todos lados, excepto en el Ártico. Si la ciencia se dedica no sólo a la gran escala, sino a la pequeña, las comunidades locales podrían cultivar sus propias granjas municipales de algas y obtener nuevas fuentes de ingreso y combustibles para sus máquinas y motores.
La vida en la Tierra empezó con las algas. ¿Podrán ayudar a rescatarnos de nuestro dilema energético?
* * Mark Sommer, periodista estadounidense, dirige el premiado programa radial A World of Possibilities (http://www.aworldofpossibilities.org). Derechos reservados IPS.
viernes, 22 de abril de 2011
O.N.U. - Asamblea General reconoce como derecho humano el acceso al agua.
28 de julio, 2010
La Asamblea General de la ONU reconoció hoy el acceso al agua potable como un derecho humano básico y urgió a garantizar que los casi 900 millones de personas que carecen del líquido vital puedan ejercer ese derecho.
En una resolución adoptada por 122 votos a favor, ninguna en contra y 41 abstenciones, la Asamblea estipuló también que el acceso a los servicios sanitarios básicos es un derecho en vista de que la contaminación del agua es una de las principales causas de mortalidad en los países más pobres.
El texto –propuesto por Bolivia y copatrocinado por otros 33 Estados miembros de la ONU – recuerda que más de 2.600 millones de personas viven sin instalaciones sanitarias adecuadas, lo que contribuye a la muerte anual de 1,5 millones de niños por enfermedades relacionadas con la falta de salubridad.
Antes de la votación, el embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, subrayó la importancia de entender el acceso al agua y al saneamiento como derechos y hacerlos realidad.
“Según el reporte del 2009 de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, cada día, 24.000 niños mueren en los países en desarrollo por causas que se pueden prevenir como la diarrea producto de agua contaminada. Esto significa que muere un niño cada tres segundos y medio: uno, dos tres… Como dicen en mi pueblo: ´ahora es cuando´”, puntualizó Solón.
La resolución insta a todos los países y organizaciones internacionales a aportar recursos financieros y tecnología para lograr un acceso universal poco costoso al agua potable y el saneamiento.
Destaca, asimismo, la responsabilidad de los Estados de promover y proteger con el mismo celo todos los derechos humanos.
La representante de Argentina, ministra Ana María Bianchi, explicó el voto a favor de su país: “La Argentina entiende que es una de las responsabilidades principales de los Estados asegurar a sus habitantes el derecho al agua como una de las condiciones fundamentales para garantizar el derecho a la vida y para asegurar un nivel de vida adecuado”, dijo.
Acuerdo de los Pueblos.
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.
22 de Abril Cochabamba, Bolivia.
Recordatorio de las Conclusiones a las que se arribara en la Conferencia realizada en Cochabamba en el año 2010.
Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.
De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague” existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Así mismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.
Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista.
Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la revolución industrial.
El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.
Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.
El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos. Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.
La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.
Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.
Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual.
Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de:
- armonía y equilibrio entre todos y con todo
- complementariedad, solidaridad, y equidad
- bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en armonía con la Madre Tierra
- respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos
- reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene
- eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo
- paz entre los pueblos y con la Madre Tierra.
El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030.
En un sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra.
Para ello proponemos el proyecto adjunto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el cual se consignan:
- Derecho a la vida y a existir;
- Derecho a ser respetada;
- Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas;
- Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados;
- Derecho al agua como fuente de vida;
- Derecho al aire limpio;
- Derecho a la salud integral;
- Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos;
- Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.
- Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.
La visión compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que determina “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la base del principio de las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, exigir que los países desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones que permitan retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C.
Enfatizando la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el apoyo de los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados deberán comprometerse con metas ambiciosas de reducción de emisiones que permitan alcanzar objetivos a corto plazo, manteniendo nuestra visión a favor del equilibrio del sistema climático de la Tierra, de acuerdo al objetivo último de la Convención.
La “visión compartida” para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse en la negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.
Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que:
- Restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la atmósfera mediante la reducción y absorción de sus emisiones.
- Asuman los costos y las necesidades de transferencia de tecnología de los países en desarrollo por la pérdida de oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio atmosférico restringido.
- Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus países.
- Asuman la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo proveyendo los medios para prevenir, minimizar y atender los daños que surgen de sus excesivas emisiones.
- Honren estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra adoptando y aplicando la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.
El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra.
Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.
Advertimos al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007.
Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.
Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que permite a estos países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.
La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero.
Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones.
Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones a escala de toda su economía.
Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto.
Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.
El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.
El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.
El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el futuro.
El agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual.
Al mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socioambiental.
Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental.
La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.
Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.
Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como lascompensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas.
Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático.
Demandamos la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático.
En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así como internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio climático.Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de convenios internacionales que contemplen la definición de migrante climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.
Constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores.
El financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y la propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política. Este financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y grupos más afectados.
En vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.
Se ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado que la reducción se vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado.
El mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo, mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea, devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.
La reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación y la aparición de agentes intermediarios, por lo tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus manos el cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra Madre Tierra.
Consideramos inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas en la reducción de gases de efecto invernadero.
Es imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así como rechazar la “vitrina tecnológica” propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la tecnología. Es fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.
El conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir su tecnología con países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la Madre Tierra.
Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático.
Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero.
Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.
El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de un Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio Climático en el cuál todos seamos consultados sobre: el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el financiamiento que deben proveer los países desarrollados; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista.
El proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo.
Con el fin de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad y respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose en un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de acciones a nivel mundial.
Con tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que en México los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes propuestas contenidas en este Acuerdo.
Finalmente, acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como parte de este proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México.
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