LA ALEGRÍA PERONISTA

martes, 26 de abril de 2011

Ambientalistas llevaron al Congreso su defensa del Iberá.

La inversión correrá por cuenta de, entre otras, las empresas Copra SA (vinculada con el directivo del Grupo Clarín José Aranda y dueña de uno de los arrozales más grandes del país, en el departamento de Mercedes) y Adeco Agro (propiedad del magnate húngaro George Soros).

El rostro de Aranda se hizo público en 2008 cuando agredió a un fotógrafo del diario Crítica que le había tomado una foto junto al CEO Héctor Magnetto a la salida de una reunión del directorio de Papel Prensa.

Activistas de la organización “Salvemos al Iberá” repudiaron la represión del pasado 13 de abril y volvieron a responsabilizar al gobernador correntino de "criminalizar la protesta". También implicaron a la senadora nacional Josefina Meabe de Mathó.

Ambientalistas de la organización “Salvemos al Iberá” reclamaron en la tarde de ayer la protección de la cuenca y repudiaron la “criminalización de la protesta” en la provincia de Corrientes, tras la represión del pasado 13 de abril.

En el Salón José Luís Cabezas de la Cámara de Diputados brindaron una conferencia de prensa convocada por la titular de la comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda, el coordinador de la ONG, Emilio Spataro.

Allí se recordó que habían instalado un campamento al lado de la ruta 40 para pedir el cese de la “toma ilegal de agua” por parte de la empresa arrocera Zampedri-Zambón, en la localidad de Carlos Pellegrini, cuando fueron reprimidos tras un inusual despliegue policial que tuvo como correlato la detención de catorce manifestantes.

Spataro, quien estuvo tres días detenido e incomunicado en Paso de los Libres, acusó al gobernador Ricardo Colombi por la represión y advirtió que, a pesar de las presiones, el reclamo no cesará. De hecho, este sábado los ambientalistas volverán a realizar una protesta contra las arroceras acusadas de contaminar los esteros del Iberá, humedal que ocupa el 15% del territorio provincial.

Además denunciaron a la senadora nacional Josefina Meabe de Mathó, de extraer agua del río Corrientes para alimentar una arrocera familiar. Cabe destacar que, Meabe es parte de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara alta.

Por su parte, Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señaló que “el gobierno provincial hace caso omiso” a los controles que deberían regular a las empresas de la cuenca. También recordó que, pese a las órdenes de la justicia correntina, aún no se ha demolido el terraplén que la empresa Forestal Andina construyó en los esteros.

Finalmente, la diputada Donda sostuvo que el agua “debe ser declarada como un derecho humano esencial para la vida” y recordó lo prioritario de “evitar la extranjerización de las tierras”. Asimismo, adelantó que mañana Proyecto Sur impulsarán un proyecto de repudio a la represión de los ambientalistas correntinos.

“Sostenemos que el de Corrientes es un ejemplo más de la entrega de nuestros recursos naturales por parte de los gobiernos provinciales al sector privado”, agregó Donda.

Según los datos de la ONG, las arroceras de la zona extraen el agua pública sin contar con un estudio acerca de un posible impacto ambiental. Particularmente Zampedri-Zambón, utiliza 12 mil millones de litros de agua por cosecha.

Salvar el Arroyo Ayuí en Corrientes. Argentina. Imágenes de corrientes. Fotos de paisajes. Lugares turísticos de la provincia de Corrientes. Postales de Arroyos.

El Ayuí Grande, en Corrientes, Argentina, corre peligro junto a sus bosques. Un grupo empresario quiere construir una represa e inundar 8.000 hectáreas para plantar arroz y soja. Ahogarían al Ayuí bajo un lago artificial.

Desde Lugares de mi País apoyamos la defensa de este hermoso recurso natural de la provincia de Corrientes y pedimos lean este artículo y luego completen el formulario. El contenido con imágenes se extrajeron de http://ennombredelayui.blogspot.com/. Invitamos a visitar el website para obtener más información de este problema que nos afecta a todos.

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Represa del Ayuí y un anuncio para la polémica

Por Aníbal Parera

Los recientes anuncios acerca de un gran proyecto agrícola en el área de la cuenca del Arroyo Ayuí en el Departamento Mercedes de la provincia de Corrientes, deben ser cuidadosamente analizados por la opinión pública, antes de festejar lo que a primeras luces sería una iniciativa de desarrollo local generadora de empleo y nuevas inversiones.

Impulsado por dos empresas líderes del sector (Copra y Adeco) este proyecto anticipa una notable expansión agrícola en un área tradicionalmente ganadera.

Se anuncian la incorporación de unas 28.000 hectáreas de cultivos de arroz y otros cereales, exportaciones millonarias y una cantidad nada despreciable de nuevos puestos de trabajo.

Lo que no se anuncia con la misma intensidad es que para ello proponen interrumpir el flujo natural de un importante curso de agua, eliminando sus bosques de ribera y extensos pastizales, sorteando así derechos fundamentales expresados en la constitución y las normas más elementales.

La propuesta de las empresas consiste en crear un lago artificial de proporciones descomunales. Tan grande como El Palmar de Colón (Entre Ríos), mayor que la cercana y famosa Laguna del Iberá y 12 veces más extenso que el casco urbano de la cercana ciudad de Mercedes.

El proyecto consiste en atravesar con un paredón el arroyo mencionado e inundar su lecho completo en un tramo de decenas de kilómetros de costas. La escena de la fotografía quedaría entonces bajo el agua, destruida de manera irreversible.

Este reservorio artificial recibiría, a su vez, los efluentes químicos de esta gigantesca superficie de plantíos, y el destino de la cuenca del río Miriñay (receptor final de las aguas que terminan en el río Uruguay), podría quedar severamente comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo ya no serían las mismas.

Conviene reflexionar que represas y lagos artificiales de estas proporciones –aunque ya severamente cuestionadas en todo el mundo– han sido siempre emprendidos por el Estado y con fines de provisión de electricidad a la población. Obras netamente públicas y en procura del bien común.

Pero esta vez se trata de un emprendimiento privado, con lógicos fines lucrativos. Nadie intenta demeritar la renta privada, muy por el contrario. Pero ella no podría justificar adueñarse de algo tan público como un trozo de la geografía… ¡un río! para simplemente hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales.

Resulta al menos llamativo que las autoridades participen de manera entusiasta del anuncio de un proyecto de estas características, con tono de “lanzamiento”. ¿Habrán advertido que no sólo de puestos de trabajo se trata? A favor de los gobernantes, conviene aquí reducir el hecho de los anuncios a lo que efectivamente ocurrió hasta ahora: las empresas presentaron la documentación, y deben permanecer a la espera de los permisos necesarios.

El proyecto deberá entonces pasar por muchas instancias previas, incluyendo una audiencia pública donde las evaluaciones ambientales sean sometidas a la opinión popular.

Tal vez ni siquiera llegar a eso, ya que este parece ser un ejemplo de lo que “no se puede hacer”, mucho más que un caso que admite evaluar su impacto ambiental.

Si las autoridades dejaran pasar esto, y si las empresas –advertidas de una situación que podría devenir en importante reacción en el terreno jurídico y cívico– insistieran en destruir el curso del Ayuí para dar lugar a su proyecto productivo el precedente sería desafortunado.

¿Cuál sería, entonces, el nuevo límite?

¿Podrían éstas u otras empresas, con suficiente respaldo económico, levantar un dique para hacer desaparecer nuevos trozos de nuestra geografía?

¿Podría luego ser el turno del Miriñay, el Payubre, el Aguapey o el Corriente?

¿Dependería simplemente de eso?

¿Del poder económico para hacerlo?

Fuente: Diario El Territorio, y otros medios provinciales de Corrientes.

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