Se subastarán más de 40 mil hectáreas y se viene otro remate más, advirtió la legisladora sampedreña. “Acá hay un negocio inmobiliario”, afirmó. En el PJ y en la UCR reaccionaron con dureza y le pidieron a la diputada que recurra a la justicia.
El plato fuerte de la primera sesión ordinaria de la Legislatura fue la denuncia de la diputada Carolina Moisés (Frente Primero Jujuy y referente juneño del PJ Digital) sobre el remate de más de 40 mil hectáreas del Ingenio La Esperanza. La operación, que ya se anunció a través de avisos publicados en un diario porteño, es realizada por el Banco Nación y tendrá lugar el 30 de abril en la capital jujeña.
La legisladora sostuvo que con esta maniobra, que no dudó en calificar de “negocio inmobiliario”, se empieza a desguazar al viejo ingenio y alertó que como van las cosas solo le quedará “chatarra y 1200 trabajadores”. “Esta decisión perjudica y genera la desvalorización de La Esperanza, agrava la situación judicial y va en desmedro de los trabajadores”, remarcó.
Para Moisés, la mejor salida era una licitación transparente y tras recordar que esa posibilidad fue torpedeada por el Gobierno provincial a través de su representante en el Comité de Acreedores, manifestó que si se hubiera licitado, “hoy tendría un dueño e inversiones”.
La diputada afirmó que los responsables de la actual situación del ingenio son los tres poderes del Estado y reveló que la Sala II de la Cámara de Apelación se demoró 18 meses para resolver un recurso de apelación promovido por el representante del Ejecutivo en el Comité de Acreedores, doctor Pablo Mármol.
También cargó culpas sobre la Legislatura, al rememorar que los diputados del bloque Justicialista y del Radicalismo sancionaron en 2008 la Resolución 16 que sugirió al Poder Judicial suspender la licitación. “Es anticonstitucional que un poder por resolución le diga a otro lo que tiene que hacer en una cuestión jurídica”, subrayó.
Moisés cuestionó el precio al que salen a subasta las tierras de La Esperanza. Explicó que la base es de 18 millones de pesos por 40 mil hectáreas, cuando la justicia jujeña determinó que 50 mil hectáreas valen 15 millones de dólares.
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