LA ALEGRÍA PERONISTA

domingo, 4 de octubre de 2009

La vida de "La Negra" en imágenes

MERCEDES SOSA

La vida de "La Negra" en imágenes

04-10-2009 / Haydeé Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935. Su apego por las expresiones artísticas populares viene desde su niñez. Recién salida de la adolescencia, le gustaba bailar, cantar y enseñar danzas folklóricas. Su voz llegó a todo mundo y nunca se apagará.
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Mercedes Sosa, una de las grandes voces del folclore latinoamericano
Mercedes Sosa, de 74 años, es conocida mundialmente como una de las principales voces folclóricas y populares de Argentina y América Latina.

Sufrió la censura y la persecución en la década de 1970 y sus discos, cargados de contenido social, se convirtieron en un referente durante el último gobierno militar argentino (1976-83).

"La negra" está nominada a tres premios Grammy Latinos edición 2009 (Álbum del año, Mejor diseño de tapa y Mejor álbum de folclore) por su último álbum de dos volúmenes lanzado a comienzos de este año.

El disco "Cantora 1" recopila sus éxitos en canciones populares a dúo con artistas como Joan Manuel Serrat, Caetano Veloso, Jorge Drexler y Shakira.

Grabó muchosdiscos, entre ellos Mujeres argentinas, Homenaje a Violeta Parra, Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa en Argentina y Corazón Libre.

También, interpretó las canciones de afamados artistas y compositores, tanto del mundo del folclore como del rock argentino, como Charly García, Alejandro Lerner, Atahualpa Yupanqui, León Gieco, Fito Páez y Silvio Rodríguez.

Poco después de conocerse su grave estado de salud, su sitio oficial en internet se llenó de mensajes que le deseaban una pronta mejoría.

Nació el 9 de julio de 1935 en la ciudad de San Miguel de Tucumán desde donde comenzó a interpretar música popular argentina y latinoamericana, que años después llevó a los escenarios del mundo.

Dígale no a Terrabusi

LA HISTORIA DETRÁS DE LA REPRESIÓN A LOS TRABAJADORES DE KRAFT

Dígale no a Terrabusi

01-10-2009 / Factura 47 mil millones de dólares en el mundo. Pero en la Argentina se niega a cumplir las leyes laborales y despidió a los delegados gremiales. Su poder de lobby mediático.

Violencia. El brutal desalojo.
Por Gustavo Cirelli
Liliana Nieva tiene 27 años y a Tobías, su hijo de seis. Un cargo de operaria calificada que cumple ocho horas, cada noche, de lunes a sábado, en la fábrica Kraft Foods, de General Pacheco. Tiene, Liliana, la marca de unos golpes en su rostro, moretones debajo de su ojo izquierdo y junto a su boca, sobre la comisura de sus labios. Tiene, también, inmunidad gremial y su mochila vacía.
Liliana, 27 años, un hijo, y el mandato de sus compañeros del sector empaque de chocolates para que los represente, ahora se planta ante la lente del fotógrafo, hace frío, y le duelen los golpes que marcaron su rostro, y recuerda su mochila vacía, síntoma que expresa el rapiñar de algunos uniformados incorregibles. Y recuerda que golpes y atraco los sufrió días atrás en la fábrica en la que trabaja hace cuatro años; empresa que fue de capitales nacionales hasta que en 1994 la compró Nabisco, que vendió seis años después a la tabacalera Philip Morris, dueña de la compañía hasta marzo de 2007, momento en que pasó a manos del emporio Kraft. Ahí, entonces, trabajan 2.700 personas, el 50 por ciento de ellas mujeres, como Liliana, y muchas de ellas madres, como Liliana, que en su mochila había guardado los 6.000 pesos del fondo de huelga, parte de lo que habían juntado los trabajadores desde que una asamblea votó extremar las medidas de fuerza que habían comenzado el 3 de julio cuando una manifestación dentro del predio, en la que se reclamaba mejores condiciones sanitarias para los empleados, en pleno brote de gripe A, derivó en 156 despidos. Despidos con causa para la patronal. Sin causa para los trabajadores. La empresa adujo que durante la protesta de julio se privó de su libertad a los empelados del sector administrativo que quedaron encerrados en sus oficinas. El 18 de agosto Kraft envió los telegramas que notificaban los despidos. El lunes 7 de septiembre los trabajadores decidieron tomar las instalaciones y lanzaron un plan de lucha que dio visibilidad social a un conflicto laboral que ya llevaba dos meses: iniciaron los piquetes en la autopista Panamericana. Se sumaron más cortes, entre ellos los que protagonizaron estudiantes porteños en esquinas céntricas en solidaridad con los trabajadores de la ex Terrabusi. Todo, claro, se crispó más y más. Ciertos parlanchines de prensa amplificaron la situación para irritar aún más el malhumor “de lagente que sólo quiere vivir en paz”, mientras que aquellos, los otros, los que no cuadran dentro del concepto posmoderno de lagente, los trabajadores despedidos, los que se solidarizan con ellos, no son, pues, gente, sino piqueteros. Feos, sucios y malos para los bellos, limpios y buenos que regios de toda paquetería andan cortando bien perfumados Callao y Santa Fe al son de sus cacerolas de teflón contra este gobierno bolivarianamente totalitario que quiere silenciar a la prensa independiente con su temible Ley de Medios K. Uf... pero esa es otra película. ¿O no?
Y así, entonces, testimonios como el enojadísimo jefe de Gabinete pro, Horacio Rodríguez Larreta, aportaron más mufa a los vecinos. Arrojó ante los micrófonos Larreta: “Estos cortes les joden la vida a miles de porteños” –no los de los tefloneros, sino los otros, valga la aclaración–, y lo dice el mismo Rodríguez Larreta, el jefe de ministros de un gobierno municipal que corta calles por doquier para embellecer con obras la vida de lagente, cortes que duran semanas, meses (pero ¡Palermo está quedando divino!). Y así llegamos al viernes 25 de septiembre:
4Entre palabras envenenadas del establishment, Jorge Zorreguieta –papá de Máxima, princesa de Holanda, ex secretario de Agricultura del genocida Videla, y actual presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la cámara que nuclea a firmas como Kraft– expresó su “desacuerdo con la ocupación ilegítima de la planta, así como la violencia y la intimidación que llevan adelante un grupo minoritario de ex operarios despedidos conforme las leyes laborales vigentes”. Y destacó desde un comunicado que el accionar de este grupo “implica una violación de la libertad de trabajo de los operarios que se desempeñan en el establecimiento, afectando también el derecho constitucional a ejercer toda industria lícita y la libertad de tránsito de la sociedad toda”. De lagente.
4Entre la indiferencia, un dirigente sindical, Rodolfo Daer, ex mandamás de la CGT del menemismo, en aquellos años en los que operarios como Liliana Nieva eran arrojados por las ventanas del sistema, años de pura flexibilización laboral, y con empresas nacionales como Terrabusi que cambiaban de manos y de nacionalidad; ese mismo Daer, ex militante de la Federación Juvenil Comunista, que conduce los destinos del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, y que ignoró la lucha de la gremial interna que manejan los “ultras” –maoístas y trotskistas variopintos–, porque hace tiempo prefiere a esos delegados fuera de Kraft y de cualquier mesa de negociación, así lo reclamó ante el Ministerio de Trabajo nacional, en medio de este conflicto.
Así se llegó al viernes 25 de septiembre:
4Con disputas internas de una comisión interna que pecó de infantilismo izquierdista al extremar la tensión con la empresa sin evaluar las consecuencias en un contexto político que podría volvérseles como un boomerang. Ese peligroso mantra “del cuanto peor, mejor” que a veces conduce la lógica de lucha de ciertos grupos de izquierda, en los hechos, nunca es mejor. Pero que nadie, nunca podrá ampararse en la torpeza de algunos para cargar con los caballos y la infantería de la Bonaerense contra cientos de trabajadores que reclamaban por la reincorporación de sus compañeros, entre ellos, delegados gremiales.
4Con ejecutivos argentinos de una multinacional, inclementes a las demandas laborales y dispuestos a violentar la Ley de Asociaciones Sindicales por la mera prepotencia de comandar una de las mayores factorías del planeta. Kraft Foods opera en más de 150 países de mundo y cuenta con plantas industriales en 66, tres en la Argentina: la de Pacheco; un molino harinero en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y la de producción de bebidas en polvo y postres para preparar, en Villa Mercedes, San Luis. En el país comercializa las galletitas Oreo, Pepitos, Terrabusi, Club Social, Express, Cerealitas y Mayco; las pastas Don Felipe, Terrabusi, Vizzolini y Canale; las bebidas en polvo Tang y Clight; los chocolates Milka, Toblerone, Rhodesia, Tita y Shot, y en postres para preparar, Royal. Empresa que exportó en 2008 por 14 millones de dólares y cuya venta anual en el país ronda los 1.400 millones de pesos. Con una ganancia que superó los 60 millones de pesos en los últimos dos años –según consta en el ranking de la revista Mercado, de las mil empresas que más vendieron–, lo que la convierte en la cuarta elaboradora de productos alimenticios de la Argentina, detrás de Arcor, Bagley y Ledesma.
Kraft Foods es la misma empresa de capitales norteamericanos que, por ejemplo, integra en Honduras junto a Walmart y el Citibank, la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, uno de los principales sostenedores de los golpistas en el país centroamericano. Multinacional que en Colombia, cuando sus trabajadores decidieron sindicalizarse, despidió a sus representantes. Luego, encerró a 30 trabajadores en el comedor de la planta para obligarlos a firmar sus renuncias. Se negaron y fueron reprimidos por la policía. El sindicato colombiano señaló que Kraft “quiere el aniquilamiento del sindicato y avanzar en la tercerización y precarización de la totalidad de la mano de obra”. Su filial de Buenos Aires no dudó en incluir entre las decenas de despedidos a 40 de los 44 delegados por sector, de los cuales diez forman la comisión interna, de la que Kraft echó a ocho, intentando borrar con telegramas derechos constitucionales vigentes que fueron el producto de años y años de historia de luchas obreras. Derechos laborales que Alberto Pizzi, ex subteniente de caballería del Ejército argentino, casado, padre de cuatro hijos, que a sus 47 años dirige el Área Cono Sur de Kraft Foods, no puede desconocer. Su currículum como licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad de Belgrano, expone una vasta experiencia como para desconocer normativas sindicales: fue empleado de Marcelo Tinelli con el cargo de gerente general de Ideas del Sur, y pasó como director de Marketing por Pepsi Cola Argentina, entre otros trabajos, antes de encumbrase en una de las mayores productoras de alimentos del mundo.
Pizzi evitó la exposición pública durante el conflicto. Su lugar lo ocupó el abogado Pedro López Matheu, director de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Kraft, que se desempeñó antes de asumir su actual cargo en 2006 como gerente de Asuntos Institucionales del Grupo Clarín durante 10 años, lo que le permitió ocupar la presidencia de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. Su estilo de gestión lo recordó Página 12: “El viernes 3 de septiembre de 2004 se produjeron 119 despidos por reclamos de mejoras en las condiciones laborales. La semana previa 350 empleados pararon la planta donde se imprime las revistas Viva y Genios. Ese viernes fueron cesanteados todos los trabajadores hasta el lunes 8, y con 500 efectivos de la Infantería de la Policía Federal sacaron la edición de Viva de los galpones para ser distribuida. El ideólogo de aquella movida no fue otro que López Matheu”. Todo un estilo.
Desde la embajada de los Estados Unidos, el afable Thomas Nelly, encargado de Negocios y un fino conocedor de las relaciones con funcionarios argentinos, fue clave en la búsqueda de un consenso que apaciguara los ánimos. Dialogó con el gobernador Daniel Scioli. Desde la legación diplomática se resaltó la importancia de apoyar “la plena aplicación de los derechos y protecciones laborales, así como el respeto de los derechos de propiedad y del sistema judicial”. Y se remarcó que la embajada norteamericana no intervino en las negociaciones. La diplomacia, bajo el manto de la flamante embajadora Vilma Martínez, quedó a la izquierda de los halcones criollos de Kraft.
El pico del conflicto encontró en el exterior a Cristina Kirchner y a la delegación argentina, entre ellos el ministro de Trabajo Carlos Tomada: su regreso parece haber sido clave para abrir una mesa de diálogo que acerque posiciones. Dijo Tomada: “En estos últimos años se recuperó la capacidad de arbitraje del Estado en las mediaciones. Pero en este caso fue imposible lograr que las partes se sentaran”. El gobierno nacional no supo desactivar a tiempo un conflicto que suma erosión a la gestión, que en plena crisis aportó decisiones desacertadas cuando el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, apuntó contra Scioli, y en un encuentro con la Unión Industrial, según deslizaron voceros de la UIA, habría dicho que desplazarían a los trabajadores que ocupaban la planta.
Así se llegó al viernes 25.
Con derechos laborales violentados, con el coro de prenseros canallas agitando desde sus usinas de comunicación institucional “el perfil que deben tomar las empresas para defenderse en los medios de ataques sindicales”, voceritos a sueldo que alguna vez se asumieron como periodistas y ahora pregonan miedo “por el temor a que se generalice el acoso sindical”, llaman a evitar “eventuales contagios” de la situación que se suscitó en Kraft, lo que se estaría “convirtiendo en una de las crisis empresarias más graves de la Argentina en décadas”; así, entonces, se llegó al viernes 25 de septiembre cuando a las 17.30 comenzó la mayor –y más brutal– represión desde que las balas de la maldita Bonaerense asesinaran a Kosteki y Santillán el 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón, allá, en Avellaneda. Acá, en General Pacheco, no hubo balas de plomo, es cierto: hubo palos, caballos, gases lacrimógenos y un operativo con cientos de policías que accionaron en pinzas contra los trabajadores. Todo bajo las órdenes del jefe de la Regional Norte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Salvador Baratta (ver recuadro). Hubo, también, 65 detenidos que fueron demorados dentro de la fábrica –postal tardía de la dictadura videlista– y que los mantuvieron, ahí, cautivos, por más de cuatro horas hasta que pudieron ver a sus abogados. ¿Cómo había empezado todo en julio pasado? ¿Despidos bajo el argumento de privación ilegal de la libertad?
La oficina de Recursos Humanos de la sede argentina de esta multinacional que en 2008 tuvo una facturación planetaria de 47 mil millones de dólares y que por estos días bajo la dirección de la CEO Irene Rosenfeld, que intensificó el crecimiento y la expansión de Kraft, realizó una oferta hostil para adquirir a su rival inglesa Cadbury, esa oficina argentina, se convirtió en dependencia de facto de la policía por donde desfilaron los detenidos para ser fichados, sus dedos entintados para registrar sus huellas dactilares; por ahí, por esa oficina pasó esa tarde Liliana Nieva con su rostro magullado, doliente y su mochila vacía.
Aquellos 6.000 pesos del fondo de huelga que le habían arrebatado; no sólo hubo golpes en Pacheco. Hubo, como al pasar, rapiña. Hay prácticas que son irreductibles: con esa plata –muchachos– en La Continental se llevan unas 215 grandes de muzzarella, riquísima. La faina va de regalo.
Ese viernes, a las 21, con vainas de los gases aún esparcidas por la zona, la empresa comunicó que la situación en la planta ya se había normalizado.
Pizzi, entonces, podrá recuperar aquel concepto que dejó claro ante el diario La Nación en enero de 2008 cuando le preguntaron: “¿Cómo es la cultura de Kraft?”.
“Es una compañía que trabaja con mucho éxito y con buena onda”, definió.
Buena onda que se interrumpió por ese inconveniente inesperado que vienen atravesando desde hace unas cuantas semanas los directivos de la Kraft, cuando los trabajadores, esos que tan fácilmente mutan a piqueteros, a los que por acá abajo, al sur del mundo, los amparan algunas de esas leyes laborales, no aceptaron el ofrecimiento de la empresa de darles 200 pesos al mes a las madres operarias, para que con la guardería de la planta cerrada le pagaran a una persona que cuidara de sus niños por las horas que ellas producen ricos dulces para los hijos de lagente. Y así, tranquilas, las mamás operarias volvieran a sus quehaceres fabriles, durante las ocho horas diarias en las que sus niños podrían retozar ante la atenta mirada de una baby sitter del conurbano, que los cuidaría dichosa por 1,04 peso la hora.
La niñera no se puede quejar: la Tita cuesta un peso.
Pero no la compre.
Dígale no a Terrabusi.
Así no.
Producción: Leandro Filozof

El espionaje de Toma al desnudo

SUR
DELITOS

El espionaje de Toma al desnudo


El ex comisario Carlos Sablich es el jefe operativo del aparato de Inteligencia organizado por Toma.
04-10-2009 / La inteligencia ilegal del ex jefe de la SIDE sobre el oficialismo augura una crisis política.
Por Ricardo Ragendorfer y Walter Goobar
delitosypesquisas@miradasalsur.com

Durante el mediodía del viernes 25 de septiembre, mientras en el Parlamento se debatía la Ley de Servicios Audiovisuales, el senador de la UCR por Mendoza, Ernesto Sanz, permanecía reunido con algunos colaboradores y un empresario de medios en el lobbybar del Hotel Savoy, situado en la avenida Callao 181. Tal vez el legislador no imaginara que sus dichos eran prolijamente grabados. En ese mismo instante, un equipo de espías instalado en el cuarto piso de ese establecimiento se dedicaba a ello, además de monitorear las comunicaciones telefónicas de otros políticos oficialistas y opositores, funcionarios del Poder Ejecutivo y periodistas. Es que allí funciona una unidad de Inteligencia dirigido por el ex jefe de la Side duhaldista, Miguel Ángel Toma, que ahora trabaja alternativamente por cuenta y orden del Ministerio de Seguridad porteño, para el peronismo disidente y a la vez para el Grupo Clarín.

Lo cierto es que –junto al procesamiento del ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Fino Palacios en la causa Amia (ver recuadro); el reemplazo en la Academia Policial del abogado procesista Daniel Pastor por la también procesista experta en temas estratégicos, Virginia Gamba; el polémico anuncio de la creación de un grupo antipiquetes; los cuestionamientos por la compra irregular de 36 móviles no identificables para hacer seguimientos; las revelaciones sobre un presunto negociado para contratar la digitalización de los archivos del Ministerio; el escándalo por el intento de involucrar en un homicidio al integrante de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra la Amia, Sergio Burstein; y la postergación del lanzamiento a la calle de la primera tanda de dicha fuerza–; la filtración pública de semejante estructura secreta fue el punto culminante de una semana agitada para el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien, por cierto, durante una reciente arenga ante su flamante tropa, acuñó una frase hará historia: “Soy perverso con los que me cagan”. Tal vez la perversidad de Montenegro no alcance a Toma, porque éste es responsable oficioso de los aspectos más subterráneos del ministerio a cargo del ex juez.

Frente a tal cúmulo de escándalos, un asesor de Mauricio Macri le deslizó la posibilidad de cambiar de ministro. La respuesta del jefe de Gobierno fue:

–Es que no tengo a nadie para reemplazarlo.

Un pac man en el Savoy. Durante los primeros días de septiembre, cuando el debate parlamentario por la Ley de Servicios Audiovisuales comenzó a tomar cuerpo, los directivos del Grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey, alquilaron cinco habitaciones en el quinto piso del Savoy. Desde entonces, desfilarían por allí diputados, senadores, dirigentes opositores y empresarios de medios; entre ellos Francisco de Narváez, el ex presidente Eduardo Duhalde, Alberto Atanasof y Luis Barrionuevo. Éste es nada menos que el principal accionista del hotel. En esos días también se montó en el piso inferior el nido de espías. Designado por Toma, su responsable operativo no es otro que el ex comisario inspector Carlos Alberto Sablich, quien fue jefe de la Dirección de Delitos Complejos de la Policía Federal hasta abril de 2004, momento en el que decidió renunciar ante la inminencia de su procesamiento por apremios ilegales contra los oficiales que en 1991 secuestraron a Macri.

Y se fue de la fuerza junto a sus dos hombres de confianza: los comisarios Juan José Schettino –salpicado por su vinculación confesa con reducidor de autos Jorge Sagorsky– y Miguel Ángel Colombo, quien terminó integrado en la cúpula de la Metropolitana. Con ellos, Sablich –luego de una breve temporada tras las rejas por el asunto de las torturas– se volcaría a la actividad privada. En sociedad con Schettino constituyó la Consultora Sasche SRL –que funciona en una oficina del octavo piso de Hipólito Yrigoyen 1427–, dedicada al asesoramiento integral en materia de seguridad. Y en 2006, junto con su esposa, Norma Beatriz Palmer, el comisario fundó la consultora Wolf Seguridad SRL, también volcada a los mismos menesteres. Uno de sus socios es justamente Colombo.

Al año, comenzaría sus actividades la tercera consultora de Sablich, bautizada Palmer SRL, cuya sede también está en las oficinas de la calle Yrigoyen. Precisamente allí, a mediados de agosto, el otrora poderoso comisario fue reclutado por Toma. Y con la siguiente misión: por un lado, limpiar el piso reservado por los gerentes de Clarín de cualquier posibilidad de espionaje sobre ellos; por otro lado, armar en la planta inferior el bunker de Inteligencia que en la actualidad allí funciona. Sus principales blancos: los actores de la puja por la Ley de Servicios Audiovisuales; reunir datos sobre el CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Ernesto Gutiérrez, incidir sobre el caso Skanska –para perjudicar al ministro Julio De Vido– e incidir sobre la suerte del juez federal Federico Faggionato Márquez, con el propósito de beneficiar a De Narváez en la causa por el tráfico de efedrina.

En este punto, hay una cuestión que Montenegro –el coequiper de Toma– no puede explicar: la compra de sofisticados equipos para interceptar comunicaciones de opositores y hasta las de sus propios funcionarios.

A todas luces, la opereta más temeraria de la KGB de Toma fue el intento de involucrar a Sergio Burstein –quien desde Familiares de la Amia encabezó la campaña contra el nombramiento del Fino– en un presunto homicidio sucedido en Misiones. Para esa maniobra, que incluyó la pinchadura de sus teléfonos, se valieron de un juez provincial relacionado al ex gobernador Ramón Puerta. Ahora se sabe que la denuncia contra Burstein provino de la Superintendencia de Investigaciones de la Federal, en la que Palacios trabajó antes de su eyección. La supuesta causa era en realidad una excusa para escuchar las comunicaciones que Burstein mantenía con el fiscal de la causa Amia, Alberto Nisman. El hecho –tras una denuncia de Burstein– es investigado por el juez federal Norberto Oyarbide.

En paralelo, el legislador de Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, denunció la pinchadura de sus teléfonos y también haber sido objeto de seguimientos callejeros.

Los espías que vienen del frío. Tras la renuncia y posterior procesamiento del Fino, el debilitado ministro Montenegro se convirtió en un rehén de los comisarios que reivindican el arcaico modelo de una policía militarizada, centralista y brava. Es por ello que, desde las sombras, personajes como Toma, Sablich y Palacios participan del armado de un aparato de inteligencia filomacrista con un funcionamiento autónomo de todo tipo de control judicial e institucional. Ello –como es sabido– se encuentra fuera de toda consideración legal.

Pero dicha jugada ya está en marcha. Y las áreas involucradas en aquellas actividades fueron bautizados con eufemismos neutros. Tal es el caso de la llamada Unidad de Auditoría, encabezada por Gustavo Darío Morón. Este personaje, un ex agente civil de inteligencia al servicio de la Superintendencia de Seguridad Federal durante la dictadura, fue mencionado por el propio Fino, en su misiva de renuncia, como cabecilla de la supuesta red de corrupción que anida en las entrañas del Ministerio de Seguridad (ver edición anterior de Miradas al Sur). La estructura bajo su influencia a su vez se divide en dos sectores: Asuntos Internos y Externos.

La primera –abocada a tareas de contrainteligencia– está a cargo de Miguel Mazzeo, un cuñado de Morón, quien en los años de plomo fue oficial del Departamento de Asuntos Políticos de SSF. Y con el alias de Macciopinto, supo infiltrarse en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) de la facultad de Derecho. En Asuntos Internos también reviste Mónica Amoroso, una antigua oficial de Inteligencia de la Federal que en mayo de 2000 fue puesta al descubierto como agente infiltrada en el partido Nueva Dirigencia, liderado por Gustavo Béliz, del que llegó a ser la principal colaboradora en su despacho. A tal efecto, Amoroso hasta contrajo enlace con el ya fallecido legislador Miguel Doy, muy cercano a Béliz.

Por su parte, Asuntos Externos –dedicada a espiar blancos ajenos– está al mando del comisario inspector retirado Carlos Misurelli, otro de los policías federales despedidos en 2004. Durante la dictadura -según los organismos de Derechos Humanos- Misurelli integró la temible Coordinación Federal. Tras su forzado retiro, llegó a ser el director ejecutivo de Apdif (Asociación de Protección de la Industria Fonográfica). Ello tal vez explique la razón por la que esta semana Montenegro anunció que los primeros agentes en funciones de la Metropolitana investigarán de manera excluyente la venta callejera de música y películas editadas ilegalmente. “No van a levantar mantas, sino apuntar a las organizaciones que están detrás del negocio”, fueron sus exactas palabras.

Sin embargo, a pesar de los reclamos de la oposición, eludió dar explicaciones acerca de la compra de 36 móviles no identificados para integrar la flota fantasma de la Metropolitana. En la Legislatura porteña circula la sospecha de que los mencionados vehículos serán utilizados para tareas de espionaje. Por lo pronto, en vista de que la fuerza macrista dispondrá de 50 patrulleros identificados, incluso desde el PRO aseguran que existe una gran desproporción numérica con respecto a los vehículos no identificables.

Se sabe, asimismo, que esa operación comercial fue articulada por Morón y su prima sanguínea, la directora Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio, Beatriz López Madaras. Al igual que el gran negocio en ciernes y, desde luego, sin licitación previa: la digitalización de archivos del Ministerio.

Según una fuente de esa cartera, bajo la supervisión de Morón, en el transcurso de la semana pasada hubo una reunión entre el director de Estudios y Tecnología de la Información, Guillermo Arancibia –un íntimo de Morón–, el titular de Seguridad Privada, Jorge Silva, y el subsecretario de Seguridad Urbana, Matías Molinaro, con el posible adjudicatario de ese negocio, un empresario apellidado Leturía, quien fue presentado como un amigo personal del Jefe de Gobierno. El asunto no tardaría en sumarse a la catarata de denuncias por compras y contrataciones irregulares que en la gestión de Macri parecen ser moneda corriente.

Mientras tanto, trascendía un dato no menor: el Ministerio de Montenegro adeuda nada menos que 36 millones de pesos en concepto de servicios adicionales a la Policía Federal. Es por semejante falta de pago que esa fuerza ha iniciado un sigiloso repliegue en la Ciudad.

A este estado de cosas se añade una nueva demora con respecto al lanzamiento a la calle de la nueva policía. Ello fue expresado por Montenegro junto al anuncio de que la fuerza contará con una Brigada Antipiquetes, lo cual provocó una avalancha de repudios. “Hay una expectativa muy grande por la Metropolitana... Y yo soy el más ansioso”, dijo Montenegro. En eso no se equivocaba.

NO REFLOTAR ANTIGUAS PRÁCTICAS

BUENOS AIRES ECONÓMICO
POR RICARDO FORSTER

Sólo palabras

04-10-2009 / NO REFLOTAR ANTIGUAS PRÁCTICAS

Ricardo Forster
Cada época forja sus propias palabras o las toma prestadas de otros momentos de la historia pero resignificándolas. Así la Revolución Francesa se apropió de antiguos símbolos de la Roma republicana para combatir al Antiguo Régimen; así nuestras gestas independentistas hicieron lo propio con esas otras palabras forjadas en el siglo XVIII europeo y que giraron alrededor de la gran trilogía revolucionaria: libertad, igualdad y fraternidad como núcleo de su propio combate emancipatorio. Palabras para inventar nuevos escenarios, palabras para narrar acontecimientos que venían a conmover el estado de las cosas. Palabras que hicieron historia y que proyectaron sus sombras sobre épocas posteriores. Palabras, algunas, para amparar los sueños utópicos; palabras, otras, para destruirlos. Palabras transformadas en memoria popular y palabras que se dibujaron como rostros del horror y de la infamia.
Palabras que nacieron para liberar a los pueblos y que acabaron por desplegar nuevas formas de sometimiento. El lenguaje de los hombres corre junto con los acontecimientos e, incluso y en diversas ocasiones, se anticipa a ellos definiendo sus sentidos o amputándolos antes de que se realicen. Las palabras, de eso se trata, instituyen y destituyen de acuerdo a cómo se las utilice, aunque a veces logran sustraerse a las determinaciones de aquellos que las lanzaron al ruedo. Misterio insondable del habla que genera consecuencias no imaginadas por los mismos hablantes.Con conciencia o sin ella somos deudores de lo que ciertas palabras produjeron en nosotros dibujando las líneas de nuestros mapas históricos.
En estos días en los que se disputan tantas cosas vemos de qué modo también se disputa el sentido de las palabras. No sin sorpresa observamos el uso impúdico que ciertos medios concentrados de comunicación hacen de algunas palabras demasiado caras a la memoria del horror dictatorial: así observamos y escuchamos, no sin cierta dosis de incredulidad ante tan miserable maniobra, que algunos programas de cable o de radio pueden "desaparecer", conociendo los autores de tan ingeniosa publicidad lo que significa en nuestra historia del dolor ese verbo, buscando crear una asociación entre la dictadura y la nueva ley de servicios de medios audiovisuales (también, y sin ningún pudor, utilizan, como lo hace Radio Mitre, la voz de periodistas y hombres de radio ya fallecidos, como el inolvidable Adolfo Castelo, para hacerles decir lo que quizá nunca hubieran dicho en defensa de sus intereses espurios). Así como no fue afortunada la relación que en su momento estableció Cristina Fernández entre el "secuestro de los goles" por TyC y los secuestros de la dictadura (tal vez llevada por un excesivo giro retórico que le impidió establecer las diferencias imprescindibles), es brutal e impúdico el uso sistemático (porque no se trata de un giro espontáneo en el interior de un discurso improvisado como fue el de la Presidenta) de una palabra que nos remite a la noche del horror. El objetivo es claro y burdo pero va asociado a la homologación que la corporación mediática intenta generar entre una ley que busca terminar con la lógica del monopolio y de la concentración y una historia de la persecución y de la brutalidad dictatorial. Buscan victimizarse y transformar una extraordinaria iniciativa democrática en expresión de intereses mezquinos y autoritarios.
Algo semejante sucede cuando Mauricio Macri, un hombre de pocas luces que apenas si conoce la relación entre ciertas palabras y su contexto de surgimiento histórico, utiliza suelto de cuerpo y con total descaro el término "fascismo" para referirse tanto a la ley de medios que busca reemplazar a la vigente (que proviene precisamente de una época oscura, autoritaria y atravesada por prácticas fascistoides y criminales) como al gobierno nacional. No se trata sólo del abuso ni de la ignorancia de Macri, se trata de una doble infamia: por un lado desconocer el horror real y efectivo del fascismo histórico trivializando los millones de asesinados, la violencia indescriptible y el terror desplegado sistemáticamente sobre poblaciones enteras; por el otro lado, implica desconocer la legitimidad democrática del gobierno al mismo tiempo que se busca desprestigiar uno de los momentos más emblemáticos de la democracia argentina desde su recuperación en diciembre de 1983. Lo que Macri desea, heraldo de intereses asociados con una derecha que no escatima recursos para horadar las genuinas prácticas e iniciativas democráticas, es deslegitimar los fundamentos de una nueva ley de medios que busca impedir, entre otras cosas, que el discurso único de esa derecha neoliberal siga dominando la casi totalidad de la distribución de la comunicación y la información a lo largo y ancho del país. A Macri nunca le importó el fascismo ni tampoco sus víctimas; él desconoce lo que esa ideología ha significado fuera y dentro de nuestras fronteras en otros momentos de la historia. Para él, como para otros exponentes de la vulgaridad, el desconocimiento y la impudicia, todo es utilizable en función de la defensa de sus intereses. Algo semejante pudimos escuchar de boca de otros dirigentes de la oposición liberal-conservadora cuando, por ejemplo, el senador Morales también recurrió al sustantivo "fascismo" para referirse a la ley de medios (o buscó acompañarlo con su homólogo de época, al menos para esa derecha, que es, ahora, el "chavismo"). Tiempo atrás la inefable Elisa Carrió había comparado a Néstor Kirchner con Adolf Hitler. Entre la vulgaridad y la ignorancia, entre la impudicia y el vaciamiento del sentido de la historia, ciertos usos del lenguaje resultan ejemplo de lo que vengo sosteniendo.
Con la palabra "libertad" (asociada a "libertad de expresión") también suceden cosas curiosas. Para algunos se trata, siempre, de vincularla con la "propiedad", de ahí que llegan a decir, sin ruborizarse, que prefieren un monopolio privado a una ley que supuestamente le otorga excesivos poderes al Ejecutivo. Para ellos, igual que para los dueños de los grandes multimedios (aunque en ellos se entiende porque defienden sus negocios), la libertad de empresa es incuestionable, núcleo de lo sagrado y fundamento de la democracia.
No importa que esas empresas concentren en sus manos la mayor parte de las frecuencias de radio, cable y televisión; no importa si despliegan tentacularmente sus intereses arrasando todo lo que se les opone o simplemente intenta competir. No importa que utilicen la suma de todos sus recursos económicos y tecnológicos para abrumar a la sociedad con una visión sesgada y unívoca de la realidad; tampoco importa los niveles de chatura y neobarbarie que se transmiten por la televisión que dominan abrumadoramente. Ellas son la quintaesencia de la "libertad de expresión" pese a que ocupan casi todo el espacio comunicacional desde el cual machacan sin piedad sobre la población la "verdad pura" de sus intereses que deben ser homologados con la defensa irrestricta de la libertad.
Resulta curioso contemplar cómo hablan de autoritarismo, de visión única, de cercenamiento de la diversidad, cuando acumulan y concentran de un modo impúdico todo aquello que pudo caer en sus manos gracias a los beneficios y a los "mejoramientos" que el menemismo hizo de la ley heredada de la dictadura y que les permitió, como en ese otro tiempo dominado por los perros de la noche, apropiarse de Papel Prensa para hacer un negocio monumental en complicidad con Videla, transformarse, en los años noventa, en verdaderas estructuras cuasi monopólicas. Entre el plan desplegado por Martínez de Hoz y la convertibilidad de Cavallo los multimedia se convirtieron en los dueños de casi toda la red informativa y comunicacional del país.
A esa concentración la llaman "periodismo independiente" y la defienden como garantía última de la "libertad de expresión". Abusos e ironías del lenguaje en una época de simulaciones e hipocresías. La que queda ahogada mientras se perpetúa el poder de los multimedios es precisamente la libertad de expresión. La que se vacía de contenido y de sentido es la palabra "libertad" en boca de aquellos que lo único que defienden son sus intereses.
Cuando la libertad queda reducida a la palabra propiedad, la que se desvanece es la libertad.Algo de todo esto se está discutiendo en estos días argentinos, días en los que debemos aprender a diferenciar los usos y los abusos de ciertas palabras para que no nos perdamos en el laberinto de las injusticias, ese que han sabido construir aquellos que no se ruborizan al usar venerables palabras en función de defender su poder y sus ganancias.
La libertad, eso lo sabemos porque experimentamos lo que ha sucedido cuando la perdimos, también se juega en este apasionante debate en torno a una nueva y democrática ley de medios audiovisuales. Batallar en el interior de las significaciones, sospechar de las formas naturalizadas por el poder y buscar resemantizar aquellas palabras cuyos contenidos fueron rapiñados por el discurso de los poderosos es, qué duda cabe, uno de los núcleos principales del litigio por una distribución más democrática e igualitaria de los lenguajes de la comunicación.